En el festejado traspaso de las competencias de Costas a la Comunitat Autònoma de Balears, firmado la pasada semana por la presidenta Francina Armengol y la ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez, no es oro todo lo que reluce.
El Gobierno de España se reservó el cobro del canon por las instalaciones fijas sobre el dominio público marítimo terrestre. Es el caso de instalaciones como los kioscos, chiringuitos, bares, instalaciones deportivas o varaderos.
En el Govern desconocen el montante de la recaudación, pero creen que es millonaria y supera con creces el 1,3 millones anuales que transferirá el Estado a Balears por el traspaso de la competencia. En los 1.500 kilómetros de litoral que hay en las islas se calculan centenares de concesiones efectuadas por Costas y que pagan un canon anual en función de la ocupación.
Asimismo, tendidos eléctricos o instalaciones públicas también pagan un canon a Costas del que el Govern no verá un euro y deberá realizar la gestión.
El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, aseguró a este periódico que «esta fue una de las líneas rojas que nos puso el Estado en la negociación de la transferencia de Costas y no deja de ser un mecanismo de extorsión estatal».
Nuevos cánones
Mir explicó que Cataluña, Canarias o Andalucía, que también han recibido las competencias en Costas, pidieron a Madrid poder cobrar el canon de las concesiones. Sin embargo, el Estado se negó en redondo como en Balears a ceder la recaudación. El traspaso de competencias, en cambio, le permite al Govern poder aplicar nuevos cánones en la zona de dominio público que sí cobrará la Comunitat.
Las sanciones por irregularidades, obras ilegales o vertidos, entre otros en el dominio público marítimo terrestre, sí serán recaudadas por la Comunitat Autònoma. De igual modo, el Govern también será el encargado de abrir los expedientes sancionadores. El conseller Mir explicó que lo «más lógico» es que también cobre las multas el Govern.
La negociación entre Ejecutivo autonómico y Gobierno central no fue un camino de rosas. Existieron escollos que tuvieron que superar para poder hacer efectiva el traspaso de competencias. Uno de ellos es el de las obras de interés general.
El Estado podía seguir decidiendo dónde acometerlas sin consultar al Govern. Se llegó a un acuerdo que las instituciones de Balears deberán ser consultadas y el Govern emitirá un informe que no será vinculante. No obstante, sí que tendrá un peso importante a la hora de decidir.
Para el mes de julio
«Era muy importante poder hacer la recepción de las competencias con tiempo y por este motivo exigimos que no serían efectivas hasta el mes de julio», apostilló Miquel Mir. El Gover no tiene decidido todavía si creará una nueva dirección general antes de las elecciones de mayo.
El día de la firma del acuerdo, el pasado 18 de noviembre, Miquel Mir, que será el encargo de gestionar la llegada de la competencia, aseguró que el traspaso de Costas «permitirá gestionar y decidir sobre una franja territorial estratégica de cara al presente y el futuro de Balears, a la vez que nos permitirá establecer una mejor y mayor coordinación entre las políticas ambientales y territoriales de la Comunitat Autònoma».
Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Sánchez, también persente en el acto de firma del acuerdo, se refirió al compromiso mostrado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Balears y prueba de ello «son la inversión para el ansiado tranvía de Palma o el régimen especial que será una realidad en 2023».
