El año pasado se abrieron en Baleares un total de 64 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo, una cifra que multiplica por tres el número de expedientes que se abrieron en 2019 (18) y en 2020 (15).

De estos 64 expedientes sancionadores, 35 fueron por infracciones leves, 27 graves y dos muy graves, ha informado este jueves la Conselleria de Movilidad y Vivienda en una nota.

En total, en 2021 se impusieron multas por valor de 77.000 euros y, este 2022, hay 15 expedientes sancionadores abiertos, tres de ellos por infracciones leves y 12 por graves, ya sea por denuncias realizadas por la Guardia Civil, actuaciones realizadas por técnicos del Govern o a partir de información recibida por otros organismos.

La Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern y la Guardia Civil pondrán en marcha este verano nuevos dispositivos de control e inspección de las embarcaciones de recreo para evitar que se lleven a cabo actividades de alquiler náutico sin cumplir los requisitos legales para poder hacerlo.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, se ha reunido este jueves con representantes de la Guardia Civil, las Capitanías Marítimas, Demarcación de Costas, representantes de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, la Autoridad Portuaria de Baleares, PortsIB, APEAM y las asociaciones de clubes naúticos y marinos.

Se trata del segundo encuentro que llevan a cabo estas instituciones para ultimar una operación conjunta que permita intensificar la lucha contra los chárteres náuticos ilegales.

El objetivo de esta campaña es controlar e inspeccionar las actividades irregulares relacionadas con la actividad mercantil de alquiler de embarcaciones de transporte de viajeros, así como los fondeos en zonas ilegales o la recogida de personas en puntos no habilitados para ello.

También se prevé realizar controles de documentación y permisos, así como de los títulos habilitantes de los patrones.

Posidonia

Ante los buenos resultados de los dispositivos realizados anteriormente, el Govern continuará coordinando estas actuaciones en las diferentes islas para intensificar los controles sobre las actividades irregulares relacionadas con los chárteres náuticos y evitar así la competencia desleal, el uso indebido de la costa y el fondeo sobre posidonia.

Desde el Govern han recordado que hay empresas de este tipo que hacen un uso indebido de la costa, utilizan de forma ilegal los muelles de las golondrinas, para cargar y descargar clientes, provisiones y personal de limpieza.

En el transcurso de la última legislatura se llevaron a cabo diferentes actuaciones con relación al sector, como la aprobación del Decreto 21/2017, de 5 de mayo, por el cual se regula la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo, estableciendo la obligatoriedad de una declaración responsable para iniciar los servicios así como la inscripción en el Registro Balear.

Además, durante 2021 se presentaron 3.415 declaraciones responsables de chárter náutico en vigor y, a 19 de abril de 2022, ya se supera esta cifra con 3.730 declaraciones.

Desde la Conselleria han apuntado que estas declaraciones responsables en vigor actualmente corresponden a embarcaciones de 27 países: un 82,8 % son embarcaciones españolas, un 4,8 % son alemanas y un 3,8 % son británicas. El resto representan un 8,6 %.