Taxis piratas achatarrados y detectives contra el intrusismo en Ibiza

En su lucha contra el intrusismo, el Consell de Ibiza convirtió, hasta septiembre, en chatarra un total de 38 vehículos que se utilizaban como taxis pirata. Fue la primera vez que la institución ordenaba «una actuación tan contundente contra el intrusismo en el transporte», según explicó el conseller ibicenco contra el Instrusismo, Mariano Juan. Los vehículos se encontraban en un depósito inmovilizados por orden de la institución insular y, después de transcurrir el tiempo sin que el infractor abonara la multa para sacarlos allí, fueron achatarrados. Esa medida se podrá tomar ahora en un menor tiempo (antes era indeterminado), concretamente dos meses a partir de la finalización de la vía administrativa. Las multas por ejercer de taxi pirata pasan, además, de 6.000 a 15.000 euros y los propietarios de los vehículos tendrán que abonar el 100% de la multa para recuperarlos. También se multará por captar clientes en grupos de Whatsapp.

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En septiembre fueron denunciados un total de 19 taxistas pirata y siete VTC fueron sancionados por infracciones y recogida de clientes que no habían contratado el servicio. Ocurrió durante el primer operativo conjunto entre detectives privados y las policías locales de la isla contra el intrusismo en el sector del transporte. La operación fue coordinada por el servicio de Inspección del departamento de Transportes del Consell de Ibiza, con las policías locales de los ayuntamientos y, como novedad, con la participación de los detectives privados infiltrados como clientes.

Los taxis pirata contra las cuerdas por la ofensiva de los detectives: “Habría que apalearlos”

Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló en septiembre la media hora de antelación para contratar el servicio de alquiler de vehículos con conductor (VTC) que exigía la normativa balear aprobada en febrero de 2019, por considerar que es contraria a la libertad de empresa. El pleno del alto tribunal, por unanimidad, estimó la cuestión de inconstitucionalidad que planteó en 2023 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.