La polémica de la amnistía urbanística de Baleares

La amnistía urbanística del Govern balear ha sido uno de los asuntos más conflictivos de la presente legislatura, y en los que la izquierda más ha dado lo batalla. Mientras que el PP defiende que la medida (se niega a llamarla amnistía), camuflada en el decreto de simplificación administrativa, busca dar soluciones a familias ibicencas, PSOE, Unidas Podemos y los ecosoberanistas denuncian que es un premio a los infractores e incluso una medida para «los amigos» del PP, en palabras de Mónica Fernández, coordinadora de Podemos en Sant Josep.

La ‘amnistía’ impulsa ya 25 solicitudes de legalización de viviendas en Ibiza

La izquierda ibicenca considera que se trata de una decisión clientelar y dirigida a «favorecer a la gente que no ha cumplido con la normativa», en palabras de Josep Marí Agustinet, quien fuera, hasta este año, secretario general de la federación socialista insular. «Es un llamamiento a que en una isla tan machacada y tan masificada se sigan incumpliendo las normas (...) La norma está destinada a premiar los que lo han hecho mal y contentar la clientela del PP», añadió cuando el Ejecutivo balear confirmó sus intenciones. Todas las formaciones de izquierdas han venido haciendo hincapié en que esta amnistía supone un agravio comparativo para quienes sí que han cumplido con la legalidad.

El PP defiende que «la mayor parte de las edificaciones con esta problemática no han sido ejecutadas para especular, sino que constituyen la vivienda habitual de familias ibicencas desde hace décadas». Una situación que, añaden los populares, es consecuencia de «unos servicios urbanísticos deficientes» que provocan que dichas construcciones estén «condenadas a mantener esta precaria situación indefinidamente, porque ha transcurrido el plazo que la ley regula para que la Administración pueda obligar a su demolición». Además, tanto la presidenta Marga Prohens como el vicepresidente Antoni Costa resaltan que la alternativa es dejar que estas casas caigan por el mal estado en el que se encuentran, defendiendo que puedan acometerse obras de mejora. Costa dijo en el Parlament que el decreto integra «muchas demandas de alcaldes de izquierdas, como la legalización de edificaciones fuera de ordenación o la enmienda March [que permite que las viviendas vacacionales en rústico fuera de ordenación puedan mantener la licencia turística, algo que enfadó a los hoteleros]». «¿Ustedes qué proponen para las personas que tienen una vivienda en suelo rústico donde ha prescrito la infracción urbanística y no se pueden aplicar medidas de restitución? ¿Que les caiga la casa encima?». La oposición alerta de que las reformas pueden hacer que los infractores vendan esas propiedades en el futuro y se lucren, por tanto, de estas construcciones inicialmente ilegales.

El Govern no permitirá construir ni legalizar viviendas en zonas inundables

Zonas inundables de Balears: ni construir ni legalizar

El Parlament balear había dado este año el visto bueno a construir en zonas inundables, una medida que el PP pudo sacar adelante a través de la abstención de Vox. Se hizo a través de la ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización de las administraciones públicas de Balears, de manera que se pudiese construir y también legalizar viviendas en zonas de emergencia (ya sea por inundación o por cualquier otro motivo).

Sin embargo, el Govern ha dado marcha atrás en este aspecto tras alcanzar un acuerdo con la izquierda en el último mes del año. La Comunitat no dejará construir ni legalizar viviendas en zonas inundables de las islas, lo que supone una renuncia a la amnistía urbanística de las casas situadas en áreas de riesgo de este tipo. Además, el PP y la izquierda también han acordado no permitir la reconversión de locales en viviendas en zonas inundables.

En cualquier caso, antes incluso de esta rectificación, el vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, aseguró en declaraciones a Diario de Ibiza que en la pitiusa mayor no es posible construir y legalizar viviendas en zona inundable desde hace dos años. «El criterio técnico de Ibiza, según Juan, se basa en que el artículo 90.1 del Plan Hidrológico de les Illes Balears (PHIB), aprobado por el Govern mediante un Real Decreto en marzo del 2023, impide la construcción de viviendas en zonas de riesgo de inundación salvo aquellas que estén asociadas a una explotación agropecuaria», recogió este rotativo a finales de noviembre del año saliente. Dicho plan afecta a la Comunitat en su conjunto, por lo que la prohibición que establece no debería aplicarse solo a Ibiza. A esta cuestión, el vicepresidente aseguraba entonces no tener una respuesta.

Según Mariano Juan, hasta 2023, con la aprobación del Plan Hidrológico de las Illes, en Ibiza «nunca» había estado prohibido construir en zonas inundables. El Plan Territorial Insular (PTI) únicamente prohíbe, en determinados casos, la edificación de viviendas en zonas de riesgo de incendio.

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