Anuario 2024 | Vivienda

Pisos sociales ante la crisis de vivienda en Ibiza

Algunas instituciones ya se han movido para ceder terrenos al Ibavi en los que se puedan construir viviendas de protección oficial para familias vulnerables

Consell de alcaldes en Sant Antoni  (julio) para firmar un protocolo de actuación conjunta contra el alquiler turístico ilegal. |  | MARCELO SASTRE

Consell de alcaldes en Sant Antoni (julio) para firmar un protocolo de actuación conjunta contra el alquiler turístico ilegal. | | MARCELO SASTRE

Para haber un consenso transversal entre partidos políticos de la necesidad de ofrecer vivienda a precio limitado, aunque no todas las instituciones parecen apostar de la misma manera por el modelo de la Vivienda de Protección Oficial (VPO). Hay ayuntamientos que apenas ceden terrenos para edificar este tipo de inmuebles, públicos y en régimen de alquiler, y otros como el Ayuntamiento de Ibiza han operado de manera diferente, habiendo cedido varios terrenos en 2024 para que el Ibavi (Instituto Balear de la Vivienda) levante estos edificios.

Además, en 2024 Vila ha cedido cuatro solares para construir 381 viviendas de alquiler asequible en las zonas de la vieja escuela de Sa Bodega, el Mercat Pagès, Can Cantó y en Platja d’en Bossa. Esto se enmarca en el plan integral de vivienda ‘Ibiza, una ciutat per viure-hi’. Hay otras promociones de vivienda social en las que trabaja el Ayuntamiento de la capital, incluyendo reconversión de viviendas en el barrio de sa Penya para agentes de la Policía Nacional. En el pleno municipal de Vila se ha podido ver cómo los cuatro partidos con representación, PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos, votaban juntos a favor de ceder solares al Ibavi cuando ha sido necesario. El Govern prevé que en esta legislatura se edifiquen o ya estén operativas 1.350 viviendas a precio tasado, casi todas en Ibiza, bien sea a través del Ibavi o de la iniciativa privada con el programa ‘Construir per llogar’. El Govern también ha elaborado el programa ‘Alquiler Seguro’.

La mayor promoción, que consistirá en construir 532 pisos de protección oficial en el barrio de Ca n’Escandell de Vila, se confeccionó durante la legislatura pasada y pronto comenzarán las obras. El Ayuntamiento de Santa Eulària anunció que iba a destinar tres solares municipales para edificar unas 300 viviendas de precio limitado (VPL), acogiéndose así al decreto ley de acceso a la vivienda, elaborado por el Govern. Los pisos se ofrecerán en régimen de alquiler a precio tasado y el Consistorio sacará a concurso la construcción y gestión de dichas viviendas, que serán cedidas por un periodo de 75 años.

Por otro lado, el Govern aprobó un decreto que daba la posibilidad a los municipios de aceptar la reconversión de locales comerciales en viviendas, y son Santa Eulária y Vila las localidades ibicencas donde más consultas por parte de propietarios ha generado esto. A finales de año, no obstante, el PP y la izquierda pactaron prohibir estas reconversiones en zonas inundables. El Gobierno central y los partidos de izquierdas de Ibiza abogan por declarar la isla como zona tensionada para poder aplicar el tope de precios que contempla la ley estatal de vivienda. La presidenta balear Marga Prohens afirma que incentivarán que salgan inmuebles al mercado del alquiler aportando seguridad a los propietarios. «El problema de la vivienda es el reto más grave de Ibiza». Así lo dijo el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, durante la Diada del 8 d’Agost.

Imagen parcial de la ciudad de Ibiza.

Imagen parcial de la ciudad de Ibiza. / C.N.

Hartazgo por los ‘airbnb’ ilegales que merman la oferta

Buena parte de la sociedad civil y los partidos políticos señalan a los pisos turísticos como uno de los factores que contribuye a la emergencia habitacional que vive la isla de Ibiza, en tanto que resta oferta para los residentes, siendo además un negocio ilegal, ya que no está permitido el uso vacacional de viviendas en plurifamiliares. El Consell Insular de Ibiza envió en octubre una resolución a Airbnb para informarle de que tenía 269 ofertas de alquiler turístico que son «claramente ilegales», pidiéndole que procediese a su retirada. En enero la presidenta del Govern, Marga Prohens dijo en Fitur que se había llegado a un acuerdo con Booking para intercambiar datos que permitan detectar dicha oferta ilegal. El Consell Insular quiere que Hacienda le ceda datos para poder combatir este intrusismo, que está distorsionando el mercado habitacional. En Vila el Ayuntamiento estima que hay 1.000 pisos que funcionan como alquiler turístico ilegal.

Uno de los casos más mediáticos de este año fue el del albergue ilegal de Jesús. Diario de Ibiza publicó que, durante la temporada, Airbnb gana 15.348 euros gracias a este establecimiento vacacional no reglado. El Consell le abrió un expediente sancionador con una multa de entre 20.000 y 40.000 euros. Antes de estar anunciado en Airbnb, este albergue estuvo anunciado en Booking, que acabó retirando el anuncio (llevaba dos años publicado) a instancias del Consell de Ibiza.. En mayo la institución insular dio a conocer que Booking.com había retirado 35 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza que fueron detectados por el departamento de Ordenación Turística.

En las plataformas cada año se pueden encontrar alquileres ilegales de yurtas, tipis, tiendas de campaña o autocaravanas en la isla. El conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, aboga por crear una base de datos única para que los portales puedan comprobar si tienen licencia. El presidente Vicent Marí y los cinco alcaldes firmaron este año un protocolo para coordinar a las policías municipales con la institución insular para que las multas se realicen de forma homogénea y garantizar su efectividad. Las instituciones locales también han comenzado a sancionar esta actividad como infracciones urbanísticas. En Ibiza hay 18.500 plazas de alquiler vacacional legales, pero no todas están comercializándose, según José Antonio Llano, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera: «Antes de la pandemia había 21.000 plazas concedidas, aproximadamente. Después, muchas salieron del mercado turístico y volvieron al residencial, y otras muchas perdieron la licencia, hasta llegar a las 18.500 actuales. Pero incluso dentro de éstas estimamos que hay un porcentaje de un 15% que no están operando, que en su día solicitaron la licencia pero que nunca han llegado a comercializarse».

Tracking Pixel Contents