Dos años de cárcel por agresión sexual

El ibicenco Juan Antonio Serra, aceptó una condena de dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer en un restaurante de Palma y luego golpear a un policía nacional que intervino para detenerle, en mayo de 2022. En agosto de 2023, Serra fue designado por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, gerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovaciones de les Illes Balears (Ibitec).

Pese a conocer que Serra estaba inmerso en este proceso judicial, Costa confió en su amigo y lo colocó en la estructura de altos cargos de la Comunitat Autònoma. Esto provocó una grave crisis interna y situó al vicepresidente en una delicada situación. Serra no entró en prisión al carecer de antecedentes penales.

El ex alto cargo ibicenco del Govern acepta dos años de cárcel por agresión sexual a una mujer y golpear a un policía en Palma

Por su parte, la instrucción del caso Puertos se ha cerrado este año y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de prisión de tres años para el exalcalde de Ibiza, el socialista Rafa Ruiz, por los delitos de prevaricación y fraude. En su escrito de acusación, el Ministerio Público implica a toda la cúpula anterior de la Autoridad Portuaria por supuestamente amañar diversos concursos públicos, entre ellos el de la concesión del Club Náutico Ibiza.

‘La vida Islados’, en la recta final

Además, este año la instrucción de la causa ‘La vida Islados’ por la que se investiga al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha entrado en su recta final. En el marco de esta causa, la interventora de la institución también ha denunciado al presidente por supuestas coacciones. En febrero, el juzgado decretó el archivo de la imputación del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa.

Otra de las causas que afecta al Consell de Ibiza es la de Amadiba. En marzo, la jueza que instruye la causa prorrogó seis meses su instrucción, pero con la advertencia de que no se puede usar con fines políticos esta causa. Se investiga la tramitación de dos contratos con Amadiba firmados por la exconsellera Lydia Jurado pero que no fueron tramitados administrativamente.

Asimismo, el juzgado ha archivado la causa contra la exvicepresidenta Marta Díaz por los gastos irregulares con la tarjeta institucional después de que el Consell rehusara personarse en la causa al no haberse producido un perjuicio económico. Díaz pagó de su bolsillo el dinero que gastó con la tarjeta y que no justificó.

Los juzgados han abierto este año una investigación contra el PP por un supuesto delito contra la Administración Pública al utilizar recursos públicos (el Recinto Ferial) para organizar un mitin electoral.