EFE
La Asociación de Internautas (AI) ha decidido recurrir en vía administrativa el archivo de su denuncia contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por un supuesto conflicto de intereses en el desempeño de su cargo y además ha decidido continuar por la vía judicial y acudir a la Audiencia Nacional.
Domingo ha recalcado que no tenían "ninguna confianza" en que prosperase su demanda ante esa Oficina porque "no es un órgano independiente" sino "gubernativo", integrado en Presidencia del Gobierno, por lo que "no puede resolver en contra de los intereses no solo del Gobierno, sino del propio Presidente, ya que la Ministra acababa de ser nombrada y eso supondría admitir un error del propio Zapatero".
A pesar de ello decidieron presentar la denuncia para "dar a conocer a la opinión publica la irregularidad cometida", "dar una oportunidad al otrora tan invocado y jaleado Código de las buenas practicas" y porque "cumplimentado ese trámite" pueden acudir a la vía judicial, en este caso a la Audiencia Nacional.
La Asociación de Internautas comenzó a pedir la dimisión de González-Sinde a los pocos días de ser nombrada ésta ministra de Cultura el pasado 7 de abril, por considerar que su actividad empresarial en la industria del cine como "administradora de diversas empresas" era "incompatible con el cargo".
A principios de junio, Domingo presentó una denuncia en la Oficina de Conflictos ante el "grave conflicto de intereses" que afectaba a la ministra por la concesión de ayudas a empresas y sociedades de la industria del cine en las que González-Sinde o sus familiares "tienen intereses".
En aquella denuncia los internautas alegaban que la ampliación de las subvenciones al cine habían sido concedidas "bajo supervisión y control directo" de González-Sinde, la cual, según la asociación, "tiene directa e indirectamente intereses económicos privados".
En la resolución de ayer de la Oficina de Conflictos de Intereses se indica que el hecho de que González-Sinde haya sido con anterioridad a su nombramiento administradora de dos sociedades relacionadas con la industria cinematográfica o haya sido directora y guionista de cine "no es por sí causante de un conflicto de intereses".
En cuanto a la acusación de que la ministra había supervisado directamente las ayudas de ocho millones de euros concedidas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) el pasado mes de mayo, la Oficina resalta que "queda completamente desmentida" porque "simplemente" se ha ampliado la cuantía de la reserva de un preexistente fondo de protección a la cinematografía y que no afectan "individual y directamente a destinatario alguno"
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