El ´Rafita´, detenido por robo

EP La Policía Nacional ha detenido en Madrid a Rafael F.G. -apodado 'Rafita' y uno de los cuatro condenados por el asesinato de la joven Sandra Palo- por su presunta implicación en el robo de un vehículo junto a otros tres delincuentes especializados en delitos contra el patrimonio.

Según ha informado a Efe un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron pasadas la 01.30 horas de ayer, sábado, en la calle Clarinetes, en el distrito de Latina, cuando los cuatro jóvenes, de edades comprendidas entre los 21 y los 24 años, manipulaban el volante de un coche con una sierra.

Algunos vecinos que presenciaban el robo desde sus ventanas alertaron a la Policía y agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar, momento en que los cuatro individuos emprendieron la huida en el vehículo.

Ayudados por las indicaciones de varios ciudadanos, los agentes localizaron y arrestaron en la avenida de la Peseta a los jóvenes, que portaban en el interior del coche la sierra de 35 centímetros con la que lo habían manipulado, guantes y un destornillador, entre otros efectos.

Uno de los detenidos resultó ser Rafael F.G., de 21 años y muy conocido por la Policía tras su implicación, siendo menor de edad, en la muerte de Sandra Palo, la joven de Getafe que fue hallada carbonizada el 17 de mayo de 2003 tras ser violada, atropellada y quemada viva.

En el historial delictivo de 'Rafita' figuran, además, dos robos con fuerza cometidos en 2009, uno en una vivienda de Benalmádena (Málaga) en el mes de junio y otro en el municipio madrileño de Alcorcón el pasado 23 de diciembre.

Los otros tres detenidos son delincuentes especializados en delitos contra el patrimonio: Martín E.V., de 23 años y ocho antecedentes; Eduardo G.F., de 24 años, con 18 detenciones por la Policía Nacional y cinco por la Guardia Civil, y Jonatan F.P., de 21 años y con cuatro antecedentes.

En dependencias policiales los cuatro detenidos se negaron a declarar ante la Policía y se acogieron al derecho de hacerlo ante la autoridad judicial.