MADRID | EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Ejecutivo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 1/2010 aprobado por el Gobierno valenciano que permite el derribo del barrio del Cabanyal (Valencia).
De la Vega hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y solicitó además la suspensión de las obras en este barrio.
Según la referencia del Consejo, el Gobierno entiende que el citado decreto-ley menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado.
Además, no justifica la existencia de una «extraordinaria y urgente necesidad» que exige la Constitución en estos casos.
Igualmente, recuerda el Ejecutivo, esta normativa convalida una actuación administrativa anterior –el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)– con carácter retroactivo, por lo que se considera que infringe las exigencias de «seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad» y proporción exigidos constitucionalmente.
El barrio de El Cabanyal tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno Valenciano.
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior perseguía la revitalización de los barrios de El Cabanyal-Canyamelar y establecía la conexión de la Avenida de Blasco Ibáñez con el frente marino de la ciudad de Valencia.