Al menos diez municipios se postulan para albergar el almacén nuclear

MADRID | EFE Diez localidades de Cataluña, las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad Valenciana habían solicitado al cierre de esta edición el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, cuyo plazo de candidaturas terminaba anoche, en medio de una tormenta política sobre el método para elegir la ubicación.
Las corporaciones municipales de Melgar de Arriba y Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Congosto de Valdavia (Palencia), Villar del Pozo (Ciudad Real) y Albalá (Cáceres) fueron los últimos en concurrir a la convocatoria del Ministerio de Industria, como hicieron días pasados los ayuntamientos de Yebra (Guadalajara), Ascó (Tarragona), Villar de Cañas (Cuenca) y Zarra (Valencia).
Una vez concluido el plazo del ATC, habrá una evaluación técnica iniciada por el Ministerio de Industria y, entonces, se tomará una decisión por parte del Gobierno, teniendo en cuenta las mejores condiciones para ubicarlo, razones de seguridad y el «nivel de consenso», según ha dicho hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
«Es un debate que debemos afrontar con la mayor serenidad intelectual y abordarlo desde las razones y desde que se trata de una alternativa viable, buena. Para el lugar donde se instale va a crear adicionalmente posibilidades de reactivación económica y dinamización de la economía», indicó De la Vega
Se trata de una «opción segura», reiteró, que está «avalada» por expertos, por el Consejo de Seguridad Nuclear y por la experiencia de algunos países europeos.
En relación con los pueblos de Castilla y León que han solicitado el almacén, el presidente de la región, Juan Vicente Herrera, condicionó ayer su posible apoyo a que el Gobierno central revise el cierre de la central de Garoña, en declaraciones a RNE.
Posteriormente, en una rueda de prensa, mostró comprensión y respeto por la autonomía municipal.
Añadió que, a priori, ni acepta ni rechaza el ATC porque no lo conoce, y advirtió de que la solución le corresponde a la administración central porque «no se puede rifar».