MADRID | OTR PRESS
El Gobierno y las Comunidades Autónomas se comprometen a dictaminar las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de seis meses -que será de treinta días en el caso de niños menores de 3 años- entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento de este derecho. Así lo anunció ayer por la mañana la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en el que se alcanzó este acuerdo entre su departamento y todas las comunidades autónomas. Tres de cada cinco dependientes recibieron una prestación por primera vez en 2009.
«Todas las comunidades se han comprometido de forma unánime a garantizar la mejora del sistema de valoración en el procedimiento y en los trámites», subrayó la ministra. En este sentido, explicó que a partir de este momento cada una de ellas deberá adaptar sus normativas con este fin.
Asimismo, en el encuentro de consejeros autonómicos se acordó la realización de un seguimiento anual de las condiciones en las que vive en beneficiario y de la capacitación de sus cuidadores «para garantizar la calidad de las prestaciones recibidas». Además, se determinó el nivel mínimo de protección garantizado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con un incremento del 1 por ciento.
Respecto a la nueva fijación de plazos, Jiménez explicó que en aquellas comunidades que tengan establecido un proceso en dos pasos -en el que primero se reconoce el grado de dependencia y después el derecho de prestación- aunque el proceso global debe desarrollarse en los seis meses marcados, el dictamen tendrá que hacerse efectivo en un plazo «no superior a tres meses».
«Estos acuerdos ponen de relieve el esfuerzo y la firme voluntad de los consejeros de trabajar en el SAAD, algo que permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes y de sus familias», aseguró la titular de Sanidad, quien destacó que el balance del último ejercicio es «muy positivo». «Tres de cada cinco dependientes que recibieron una prestación o servicio por primera vez, lo hicieron en 2009», añadió.
En su opinión, este avance se explica por el propio desarrollo de la ley y la experiencia acumulada en los tres años transcurridos desde su entrada en vigor.