MADRID | OTR
El PP justificó su rechazo además en que se trata de «una ley radical» que convertirá al aborto en «un método anticonceptivo más» y que va a «banalizar» su práctica.
La diputada Sandra Moneo manifestó que la nueva ley de plazos supone «un atropello» a la Constitución Española y denunció que en ningún momento habla del derecho a la vida del feto, de la protección de la maternidad ni de la existencia del síndrome postaborto.
Aunque los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joán Tardá, habían criticado inicialmente la obligatoriedad de informar a los padres, coincidieron en no poner impedimentos «siempre y cuando la ciudadana tenga la primera y la última palabra».
El texto que se debatirá en el Congreso incorpora enmiendas para que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Añade que la formación sexual formará parte de la educación general de los escolares y que los profesionales sanitarios estudiarán en la Universidad la interrupción voluntaria del embarazo.
Y en cuanto al informe que necesitarán las mujeres para poder abortar hasta la semana 22 de gestación, tan sólo se exigirá el de un especialista en lugar de dos, como recogía el proyecto inicial.
Por otra parte, «la amenaza del castigo de cárcel» para las mujeres que abortan deberá desaparecer del Código Penal cuando se apruebe esta iniciativa, apuntó la diputada socialista.
El PNV también considera «muy importante» que el proyecto de ley recoja textualmente la petición formulada desde del PNV «para la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo».
