MADRID | OTR PRESS
Habrá educación sexual en los colegios, en todos los niveles educativos. Este es uno de los acuerdos al que han llegado los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV, que han resuelto que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice educación sexual en las aulas. Otro de los acuerdos es que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Estos grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como el cirujano y el enfermero. Los profesionales de la salud tendrán que presentarla por escrito y de manera individual. Los defensores de la nueva norma quieren garantizar de esa forma que los centros públicos dejen de practicar abortos por «objeciones colectivas» de los hospitales, y han acordado que la norma garantice que las mujeres puedan abortar en el territorio en el que residan. Así lo explicaron en rueda de prensa los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC), que en todo momento se han referido al aborto como un «derecho» de la mujer. Otros acuerdos implican que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado y eliminar uno de los dos informes que se debían realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22 de gestación. «Con un especialista vale. No necesita otro de vigilante», han explicado.
Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Llamazares y Tardà aseguraron que el hecho de introducir la educación sexual en los programas escolares busca prevenir los embarazos no deseados.
Del mismo modo, indicaron que los estudiantes de Medicina y Enfermería se formarán, con carácter curricular, en salud sexual y reproductiva y «en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo». Estos grupos también acordaron que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero.
Ambos grupos han acordado además que los anticonceptivos de última generación se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado. El Gobierno decidirá qué anticonceptivos financia al 40 por ciento y cuáles al cien por cien. Los parlamentarios se están planteando la posibilidad de que jóvenes y mujeres con pocos recursos puedan acceder a ellos gratuitamente. ERC e IU estiman que esta medida tendrá un coste de unos 100 millones de euros al año.