MADRID | E. P.
El informe, elaborado en colaboración con el Servicio Jesuíta de Ayuda al Refugiado en el marco de su programa (DEVAS) de monitorización de los CIE en 23 países europeos, recoge un centenar de entrevistas realizadas con funcionarios, directores e internos de los centros elegidos aleatoriamente tras visitar las instalaciones de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga) y Zapadores (Valencia) con la autorización del Ministerio del Interior.
Según explicaron en rueda de prensa el director del estudio y psiquiatra Pau Pérez y el secretario General de CEAR, Alfredo Abad, de las entrevistas y la observación de los investigadores se desprende que el CIE de Valencia es el de «condiciones más duras» en cuanto a instalaciones y trato a los internos, seguido del de Madrid y el de Málaga. No obstante, «en todos ocurren cosas que no deberían ocurrir», señaló Pérez. En primer lugar, el informe desmiente que la mayor parte de los internos sean delincuentes ya que «la mayoría son ciudadanos normales y corrientes que llevan mucho tiempo en España» (el 48,6%) y que han cometido una falta administrativa ya que «sólo el 21,6% habría sufrido una detención anterior en España, el 14,9 por causa penal».
Por nacionalidad, el 20% son africanos que han sido interceptados cuando viajaban en pateras y cayucos, otro 20%, africanos que llevan más de cuatro años en España, un 20% ciudadanos asiáticos y del este de Europa y el 40% restante, latinoamericanos que no han podido regularizar su situación, según el estudio.
Estas personas no reciben información sobre el reglamento del centro a su llegada ni documento que pruebe su estancia una vez puestos en libertad Además, «la mayoría no tiene ni idea de por qué está allí» y seis de cada diez «no conocen el nombre de su abogado ni tienen forma de contactar con él», tampoco conocen las posibles vías de queja, no tienen interlocutores ni trabajadores sociales y en muchos casos, tampoco traductor.
En cuanto a las instalaciones, el informe señala «problemas que afectan a la dignidad», como que los internos no dispongan de una muda y permanezcan durante días con la misma ropa interior, que no tengan sábanas y deban cubrirse con mantas ignífugas que producen lesiones cutáneas, que deban hacer sus necesidades en una botella vacía por no poder salir al baño durante la noche o que se encuentren hacinados en espacios llenos de humedad y faltos de luz. Pérez señaló que estas condiciones pasan factura al estado de los internos, un dos por ciento de los cuales expresaron ideas suicidas «estructuradas y consistentes» en las entrevistas, además de otras consecuencias psicológicas como depresión o ansiedad --el 40% está completamente desesperado--, y físicas, como debilidad o adelgazamiento que un 34% de los entrevistados atribuyeron a la mala comida de los CIE y otro 32%, a su cantidad insuficiente.
El 32% de los internos dicen sufrir un trato negativo verbal o físico dentro del centro y un 17,7 señala que existe «discriminación» y «la queja más generalizada es de maltrato selectivo hacia los detenidos magrebíes en el CIE de Valencia». Para el 25,4% existen malos tratos en los CIE, que el 19,6% atribuye a «policías o funcionarios que, a título individual, tienen actitudes vejatorias, con gritos, maltratos o golpes (sobre todo en Madrid y Valencia)».
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