MADRID | EFE
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró ayer que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios «en ningún caso», sino que actuará frente a quienes exploten los derechos de obras ajenas.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención en el Senado, González-Sinde reconoció que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo «con plenas garantías», las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros.
La intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
Ya en la Cámara Alta, en respuesta a una pregunta del grupo popular, la ministra defendió que con el nuevo modelo, que califica de «gran paso», «ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a internet».
Quienes «verán limitada su actuación» en la red serán «aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos», añadió González-Sinde en sus declaraciones a los periodistas.
En ese sentido, aseguró que las medidas contempladas en el anteproyecto facilitan el acceso a la cultura a través de una oferta digital legal y permiten la protección del trabajo cultural –que representa casi el 5 por ciento del PIB– en un contexto de «alto índice de vulneración de la propiedad intelectual».
La titular de Cultura informó de que será la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano formado por expertos independientes que pertenecerá a su Ministerio, la que investigará los casos de explotación ilícita de obras culturales.
«Lo que está previsto es que sea el órgano administrativo el que examine cada caso y, según los derechos que sean vulnerados (...), decida cuál es el procedimiento (...) necesario», apuntó González-Sinde.
Todas estas medidas se contemplan en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que en una disposición final anuncia su intención de «proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en internet».
El texto, que modifica la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual, permite que se interrumpa la prestación del servicio de internet si se atenta contra el principio de la propiedad intelectual.
Hasta ahora, sólo podía interrumpirse para salvaguardar el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y principio de no discriminación y la protección de la juventud y la infancia.