BRUSELAS | EFE
España y otros seis países europeos lograron bloquear el acuerdo sobre la directiva europea para la asistencia médica transfronteriza, según anunció ayer la presidencia sueca de turno de la Unión Europea (UE).
«No hemos logrado alcanzar un acuerdo. Algunos países parecen preferir basarse en las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE en lugar de hacer un acuerdo político para regular este área», declaró el ministro sueco de Sanidad, Göran Hägglund, tras el Consejo de este ámbito celebrado ayer en Bruselas.
España se oponía a la directiva al considerar que supondría un excesivo coste adicional para el sistema público de Salud y que la medida no garantiza la calidad de los servicios sanitarios recibidos en otro país, entre otros motivos.
Este país, junto a Portugal, lideró el rechazo a la directiva desde que fue propuesta por la Comisión Europea (CE) a mediados de 2008, y ambos lograron conformar una minoría de bloqueo –en la que también se integraron Polonia, Grecia, Rumanía, Lituania y Eslovaquia– en el Consejo de Sanidad de ayer.
La propuesta estaba destinada a eliminar los obstáculos administrativos para que los ciudadanos comunitarios puedan recibir asistencia sanitaria en otros Estados miembros y obtener el reembolso de esos gastos.
«Habría sido extremadamente importante encontrar un terreno común, pero no lo hemos conseguido», lamentó el ministro sueco.
El principal motivo del rechazo del grupo de países fue la obligación de devolver a sus ciudadanos el coste de la asistencia médica que reciban en servicios públicos y privados en otros países.
Algunos de los Estados miembros que se opusieron cuentan con sistemas sanitarios gratuitos -como es el caso de España- en los que no es necesario pagar por adelantado por la asistencia médica, y la aplicación de la directiva obligaría a «rediseñar» los servicios de Salud nacionales, además de suponer un coste adicional.
España, en particular, considera que la directiva no asegura la calidad y seguridad de la asistencia médica al cubrir también aquellos servicios privados que no estén concertados con los públicos y que «por lo tanto no cuentan con la garantía del Estado», según fuentes diplomáticas de este país.
