La Iglesia ocultó abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés

DUBLÍN | EFE La Iglesia Católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín, reveló ayer un informe elaborado por una Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el «prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos».
Esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern.
El texto, de 700 páginas, ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos, por lo que se utilizan seudónimos para proteger la identidad de otros.
El informe, fruto de tres años de investigaciones, asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos «no preguntes, no hables».
«La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento», explica el texto.
«Las autoridades del Estado –prosigue– facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal».
La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
El purpurado llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada.