El Gobierno pretende agilizar la Ley de la Dependencia

EUROPA PRESS El secretario general de Política Social, Francisco Mazo, aseguró que 2010 será "clave" en el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia porque, a partir de enero, se introducirán novedades para "agilizar" el sistema de gestión, como la "mejora" del modelo de valoración de las personas dependientes para que sea "homogéneo" en todas las comunidades autónomas.

A la "redefinición" de un sistema de valoración común se unirá el próximo año un 'manual de buenas prácticas' en el que se explique con mayor precisión cuáles son las condiciones para establecer los grados de dependencia de los beneficiarios, según indicó Mazo, en una entrevista concedida a Europa Press. "Todas ellas, son medidas que van a permitir una mejora significativa del modelo de dependencia", apostilló.

Según avanzó, los últimos datos indican que ya hay 900.000 personas valoradas, 670.000 tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio, de las que el 70 por ciento (470.000 personas) están siendo atendidas. "Antes de que termine el año, dos de cada tres dependientes serán atendidos y el resto estará en proceso de asignación de la prestación", aseguró.

Frente a las críticas al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), el titular de Política Social defendió que, a día de hoy, nueve de cada diez personas que han solicitado acogerse a la ley han sido valoradas y que, cuando acabe 2009, la media de introducción de dependientes en el sistema "será de 25.000 personas al mes". No obstante, reconoció que "esto no le sirve a las personas que están esperando las ayudas", para añadir, que "en eso hay que ser más ágiles".

El diálogo con las CCAA dará frutos

Sobre los últimos informes elaborados por asociaciones, patronales o sindicatos que alertan de las "distintas velocidades" que hay en la aplicación de la norma por parte de las comunidades autónomas, y en los que se asegura que algunas vulneran el sistema de financiación, el secretario general dijo que espera que todos los gobiernos autonómicos cumplan con la ley y alcancen el nivel que los ciudadanos "esperan de todos ellos".

"A mi no me gusta hablar ni de castigar ni de premiar", aseveró Mazo, que aseguró que "el ciudadano no entendería que las administraciones públicas se dedicasen a discutir y no a resolver la situación de dependencia de su familiar". En este sentido, dijo estar "absolutamente convencido" de que el diálogo con las CC.AA. "dé resultados" en 2010 y que todas ellas muestren "lealtad institucional".

El responsable de Política Social descartó que el principal obstáculo para el efectivo despliegue de la ley sea una posible descoordinación autonómica. "La dificultad de un sistema de esta tipo es que en tres años tienes que estar atendiendo a un millón y medio de personas", aclaró.