PALMA | MATÍAS VALLÉS
Naciones Unidas se ha dirigido al Govern Antich y al Fons Mallorquí de Solidaritat —participado por el Consell de Mallorca y ayuntamientos de la isla—, mediante un documento que acusa a dos ONGs mallorquinas de prestar «apoyo financiero y político» al grupo ilegal armado FDLR, Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, involucrado en acciones terroristas y que actúa al este del Congo. Para Juan Carrero, presidente de la fundación s´Olivar d´Estellencs señalada por la ONU, la iniciativa del organismo internacional responde a una venganza. «Quieren desactivar la querella que hemos interpuesto por el genocidio ruandés, cortarnos las vías de financiación y amedrentarnos personalmente».
El propio Carrero ha divulgado la acción de la ONU contra su fundación, alrededor de la cual nucleó el denominado Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. La querella, interpuesta contra el gobierno tutsi de Ruanda por el genocidio de los hutus, incluye el presunto asesinato de nueve españoles y se extiende a las figuras de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y terrorismo. Instruida por el magistrado Fernando Andreu, se ha traducido en órdenes de busca y captura para cuarenta altos cargos del país africano. La acción criminal ha incomodado al gobierno español, en especial cuando el juez se dirigió a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, en demanda de explicaciones sobre la asignación de la explotación de recursos minerales congoleños al presidente de Ruanda, Paul Kagame. Los querellantes acusan al ejecutivo de Zapatero de ser más sensible a las presiones ruandesas que a las víctimas, «y ahora tenemos la respuesta de Ban Ki-moon a quienes hemos denunciado la matanza».
En su comunicación al Govern redactada en impecable castellano, Naciones Unidas asegura disponer de «información fidedigna de varias fuentes independientes», según la cual s´Olivar «podría haber prestado asistencia al grupo armado anteriormente citado». Los miembros del FDLR pertenecen a la etnia hutu, y están vinculados al genocidio ruandés de los tutsis en 1994, previo a la matanza en sentido inverso a cargo del actual ejecutivo de Kigali. Según Carrero, «difícilmente podría apoyarles cuando no llego a fin de mes y he hipotecado mi casa».
Naciones Unidas redondeará la petición a las instituciones mallorquinas con la publicación de un informe detallado, donde pretende sustanciar las acusaciones contra s´Olivar. Según Carrero, el dosier se integra en la operación de descrédito. «Me parece penoso que, en vez de responder a las actuaciones del juez Andreu por pillaje, se ataque al mensajero. La ONU sigue actuando como el gendarme de los intereses mineros en el Congo».
Carrero ha visitado recientemente la zona en compañía del senador mallorquín Pere Sampol. Según han confirmado ambos, dos de sus acompañantes durante aquel periplo, y colaboradores del Fórum querellante, han sufrido atentados contra su integridad física. La agresión consistió en uno de los casos en un envenenamiento que mantuvo a su víctima al borde de la muerte durante tres días.
