PARÍS | EFE
España bajó siete puestos hasta el cuadragésimo sexto en la clasificación anual de los países por el grado de libertad de prensa publicada ayer por Reporteros sin Fronteras (RSF), que señala la amenaza que la organización terrorista ETA representa para algunos periodistas.
«Todos los periodistas no están sometidos a las presiones de ETA con la misma intensidad, pero todos denuncian un clima de hostilidad», subraya RSF, que también lamenta que España no haya logrado reglamentar la cobertura mediática de las campañas electorales, que a su juicio limita en exceso el margen de los profesionales de la información para tratarlas.
En cualquier caso, la organización constata que «la libertad de prensa está garantizada en España», aunque con su cuadragésimo sexta plaza en la clasificación mundial se sitúa a la cola de los miembros de la Unión Europea, sólo por encima de Italia (49), Rumanía (50) y Bulgaria (68).
Precisamente, son países de la UE los que ocupan los 14 primeros puestos de la lista por el respeto de la libertad de prensa, como ya ocurría en años anteriores, aunque en esta ocasión la novedad es que Estados Unidos, por la actitud de su presidente, Barack Obama, ha ascendido una veintena de posiciones y adelanta claramente a españa en el vigésimo puesto del escalafón.
Reporteros pone en cabeza de los problemas que cercenan la libertad de prensa en España ETA, y recuerda que algunos periodistas reciben protección ante la presión de la banda.
Recuerda, a ese respecto, la «actualidad» de la amenaza de ETA ante el atentado con un coche bomba que sufrió el pasado 31 de diciembre la sede en Bilbao de la televisión autonómica vasca ETB y de otros medios de comunicación.
Otro problema es la «larga lista» de quejas de la prensa por los «límites» que se le impuso de nuevo en la cobertura de una campaña electoral, en concreto en la de las legislativas de marzo de 2008.
Unas quejas que derivan de la incapacidad para adoptar una ley que regule el papel de los medios públicos en periodo electoral, pero también de las «exigencias» de ciertos partidos políticos que «transforman a los periodistas en simples espectadores» y «reducen su libertad editorial a un simple espacio de propaganda política».
Una alusión apenas velada a las restricciones impuestas a la intervención de los periodistas en los debates entre los líderes políticos en los debates durante la campaña.
