MADRID | EFE
Greenpeace denunció ayer «la actitud prepotente» y las prácticas ilegales de las empresas españolas que operan en Latinoamérica y pidió al Gobierno que les obligue a ser «transparentes», a rendir cuentas públicamente y a trabajar «al menos con los mismos estándares que en España». Greenpeace hizo esta petición después de analizar el impacto social y medioambiental de la actuación de las mayores empresas españolas con inversiones en América Latina.
El informe ´Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina´, presentado ayer por la responsable de Campañas de Greenpeace, Mabel González, denuncia que «tras la imagen responsable y sostenible que las multinacionales españolas venden en España, se esconde una realidad muy distinta» cuando están en el exterior.
Según este informe, el 85 por ciento de las 79.000 multinacionales que operan en el mundo, tienen su matriz en Estados Unidos, la UE y Japón, y sólo el 15 por ciento restante procede de países emergentes. Dentro de este contexto, las empresas españolas juegan un importante papel, ya que once de ellas están incluidas en la Fortune Global 500, el ránking internacional de empresas más importante. Sin embargo, la actuación de estas compañías fuera de España es más que cuestionable en los países de Latinoamérica, donde destruyen el medio ambiente y atentan contra los derechos humanos y laborales, según el informe.
Entre los casos más flagrantes, Greenpeace recoge el caso de Repsol YPF, propietaria de más del 90 por ciento de las reservas de hidrocarburos de América Latina. En Ecuador, esta compañía opera en el Parque Nacional de Yasuni, donde se han producido derrames de crudo y se han contaminado los ríos en una zona de altísimo valor ecológico. Además, esta empresa participa en un 25 por ciento del Oleoducto de Crudos Pesados, una obra de más de 500 kilómetros que cruza la selva amazónica y la cordillera andina, y que ha afectado a once áreas protegidas con diversos vertidos de petróleo.
De hecho, más de 70 organizaciones locales han pedido que se expulse a Repsol de la Amazonía.
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