HUELVA | OTR PRESS
La letrada Bárbara Royo, encargada de la defensa de la menor de la localidad onubense de Isla Cristina que víctima de una agresión sexual la madrugada del sábado 18 de julio presuntamente a manos de otros siete menores, apuntó ayer que las dos personas que declararon como testigos «han podido ser presionadas» por los acusados, ya que actualmente tres de ellos se encuentran en libertad.
«Las declaraciones de las dos menores —que hablaron una en el mes de julio y la otra el pasado 26 de septiembre se contradicen entre ellas e incluso entre afirmaciones anteriores», aseguró Royo. Por ello, la abogada considera que «es posible que haya interferencias» por parte de los siete menores presuntamente responsables de la agresión sexual, Y es que a tres de los acusados no se les impusieron ningún tipo de medidas cautelares de internamiento.
En este sentido, la letrada explicó que una de las testigos es «del entorno de la menor agredida», mientras que la otra «no lo deja claro». De esta forma, recordó que «tanto la prisión preventiva, en el caso de los adultos, como las medidas cautelares de internamiento para los menores, tienen como objetivo evitar posibles presiones e interferencias en la investigación».
Prevenir las interferencias
Además, insistió en que si no se toman medidas cautelares, «no se pueden prevenir estas posibles presiones» a las que hizo referencia. «La investigación está en curso por lo que aún es pronto para calificar los hechos», dijo la abogada, aunque posteriormente matizó que «lo ocurrido está muy claro, y la niña fue agredida».
Por otra parte, Bárbara Royo aseguró que «la medida cautelar de internamiento es de máximo de seis meses, prorrogables a nueve». Por ello, confió en que el juicio se celebre «antes de que finalice este tiempo». Finalmente, la letrada, que lleva el caso desde la capital, afirmó que «viajará a Huelva tantas veces como sea necesario».