MADRID | OTR PRESS
En el texto se reconoce que la vida prenatal «es un bien jurídico que merece una protección eficaz pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la mujer embarazada». Igualmente, en el sistema de información se ha introducido un nuevo apartado, por el que «se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción». Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto.
Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Además, se han recogido asimismo todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad.
Los aspectos fundamentales no cambian, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.
De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita.
Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles. Según manifestó De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno es «el que más se ajusta a la realidad social» española.