Un tribunal se desmarca del Supremo y reconoce la objeción a Educación para la Ciudadanía

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reconocido el derecho de los padres a objetar y, en consecuencia, exonera a sus hijos de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía. De esta forma, el TSJCyL, en una extensa y compleja argumentación y con un voto particular, se aparta motivadamente de las anteriores del Tribunal Supremo habidas en relación con estas materias.

BURGOS/MADRID | OTR PRESSAGENCIA A través de las sentencias nº 1.998 y 1.999, del 23 de septiembre, y sin entrar a valorar intrínsecamente el ideario ofrecido por los demandantes, el tribunal castellano leonés se limita a constatar el conflicto moral e ideológico que para ellos supone que sus hijos reciban una educación contraria a sus creencias religiosas, éticas y morales. Por ello, se ha procedido a aplicar el artículo 27. 3º de la Constitución Española de 1978, que garantiza e impone a los poderes públicos el respeto del derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones.
Las razones de fondo para reconocer ese derecho de objeción son «la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes».
Tras conocer esta sentencia, el Ministerio de Justicia avanzó que el Gobierno recurrirá esta sentencia y que incluso ya ha dado orden a la Abogacía del Estado para que actúe.
Así, tras la reunión con dirigentes socialistas en la sede del PSOE en Ferraz, donde les explicó el Plan de modernización de la Justicia Española, el ministro de Justicia, Antonio Caamaño, manifestó su intención de que la sentencia del Alto Tribunal dictada el pasado mes de enero, y que impedía el ejercicio de este derecho, «vincule al resto de tribunales y pueda hacer valer su jurisprudencia».
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León también se refirió a esta sentencia del TSJCyL, de la que dijo que evidencia la «innecesaria confrontación» que produce esta asignatura en el sistema educativo. Y es que, a su juicio, se trata de una materia que «debería haber sido consensuada entre todos los partidos políticos» o, en su defecto, «haberse implantado como optativa».

Pasan de curso
Ajenos a toda esta polémica, desde la plataforma de Profesionales por la ética, contraria a esta materia, aseguró en un comunicado que los alumnos que objetaron la asignatura han pasado de curso y han obtenido el correspondiente título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), «a pesar de las amenazas de las autoridades educativas».
Para este colectivo, resulta «sorprendente» que un sistema educativo que en la ESO permite pasar de curso y obtener el graduado hasta con tres asignaturas suspensas «pudiera ser inflexible solamente con las asignaturas de EpC que se imparten en esta etapa educativa».
Según señalaron, la amenaza era una «simple bravuconada» y la mayoría de los objetores que no han entrado en clase ni han hecho el examen - al aplicarles los criterios de promoción y de titulación que se detallan en los proyectos curriculares de los centros en que estudian- han pasado de curso y, en el caso de los de 4º de ESO, han obtenido el Graduado en Secundaria Obligatoria que les permite continuar estudios en Bachillerato o en Ciclos Formativos de Formación Profesional.