EFE
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoció este miércoles, con dos fallos, el derecho de sendas familias, de Valladolid y Salamanca, a la objeción de conciencia sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), frente a la sentencia que en sentido contrario emitió el pasado febrero el Tribunal Supremo sobre otros dos recursos similares.
Ante estos fallos, el Gobierno de Castilla y León ha reclamado a los tribunales, a través de una nota informativa difundida, "que se pongan de acuerdo en el sentido de sus sentencias".
"La Consejería de Educación considera que nuevamente se ponen de manifiesto los aspectos negativos de una asignatura polémica que sólo crea conflicto en la sociedad y judicializa un sistema educativo necesitado de tranquilidad para encarar los verdaderos y serios problemas de la enseñanza en España", señala la nota.
Por esta razón, la Consejería que dirige Juan José Mateos ha opinado que ese "laberinto judicial", como así ha denominado el cruce de sentencias entre diversas instancias judiciales, "sólo puede ser resuelto por el Ministerio de Educación o por los propios tribunales de justicia" a los que ha reclamado "que se pongan de acuerdo en el sentido de sus sentencias".
A la luz de estas últimas resoluciones, que no son firmes y afectan a determinados recursos, atenderá fuera del aula a los alumnos afectados si sus familias deciden que se conviertan en objetores de la materia objeto de polémica.
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