Cataluña presenta el plan para practicar la castración química

EFE Unos 40 presos por delitos sexuales graves encarcelados en Cataluña podrán recibir, de forma voluntaria, un tratamiento farmacológico inhibidor del deseo sexual para evitar su reincidencia en los próximos diez años, durante los que se prevé que puedan salir con permisos penitenciarios.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, ha presentado en rueda de prensa en Barcelona el "Protocolo del tratamiento farmacológico coadyuvante en la intervención de los delincuentes sexuales", que se aplicará no sólo a violadores reincidentes, sino también a condenados por pedofilia que han causado más de una víctima.

También podrán optar al tratamiento farmacológico los presos por delitos de sadismo sexual y por trastorno sádico de personalidad condenados por un delito sexual.

El Protocolo reforzará el programa ya existente de tratamiento de delincuentes sexuales, denominado SAC (sexual agresor control), que se aplica actualmente en los centros sanitarios catalanes.

Montserrat Tura ha explicado que el tratamiento farmacológico se aplicará a los internos que voluntariamente lo soliciten, un aspecto que ha considerado fundamental, y tras creerlo adecuado los equipos médicos especializados.

Cuando falten tres años para el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena, el equipo de especialistas del SAC realizará una valoración y recomendará, en el caso de considerarlo conveniente, el ingreso del preso en cuestión en un centro especialista para aplicar el programa de forma más intensiva y, en última instancia, optar a la medicación farmacológica.

Por el momento, el único centro penitenciario de referencia en Cataluña será Brians 1, si bien la consellera de Justicia ha precisado que en el plazo de dos años cada provincia catalana podría tener una cárcel especializada en este tipo de tratamiento a agresores sexuales reincidentes.

El psiquiatra responsable del programa SAC estudiará cada caso siete meses antes de la previsión de salida al exterior del preso y, en caso de que su valoración sea positiva en la aplicación del tratamiento, se redactará una historia clínica en la que se mirará si no existen contraindicaciones graves para la administración de los medicamentos.

Finalmente, cuatro meses antes de la aplicación de cualquier salida de prisión, se iniciará la administración de los medicamentos, que podrán ser por vía oral o inyectable.

Los fármacos que se prevé administrar son fluoxetina (oral), criptolerina y leuprolerina (inyecciones), ha indicado Tura, que ha sido clara y contundente, por otra parte, a la hora de afirmar que los presos que opten por este tipo de tratamientos con fármacos "no obtendrán beneficios penitenciarios" y que este extremo consta explícitamente en el citado Protocolo.

Por el contrario, si un preso los abandona o manipula al salir de permiso, las autoridades penitenciarias tendrán este hecho en cuenta aunque "no se debería aplicar una acción disciplinaria", ha puntualizado.

Tras el cumplimiento de la condena, las personas que hayan seguido uno de estos tratamientos deberán continuar con los mismos en los centros de salud mental de la red sanitaria.

Sin garantía total

La consellera ha recordado que los fármacos, aunque han obtenido buenos resultados en países en los que ya se aplican, como Bélgica, Suiza, Suecia y Gran Bretaña, no pueden garantizar que desaparezca del todo el riesgo de reincidencia de los violadores.

Este Protocolo de aplicación de los fármacos inhibidores sexuales, pionero en España, es una de las medidas acordadas el pasado año por un comité de expertos, que también defendieron la libertad vigilada así como la creación de un bando de datos con muestras de ADN.