El informe sobre el aborto se atasca en el Poder Judicial

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se pusieron de acuerdo a la hora de dictaminar el anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que diez de ellos votaron a favor, otros diez en contra y el vocal de CiU, Ramón Camp, se abstuvo. Se trata, por lo tanto, de la primera vez en la historia de este órgano que no informa sobre una iniciativa legislativa.

MADRID | EFE El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no va a emitir, por primera vez en la historia, un informe sobre un anteproyecto de ley (el referido a la reforma de la ley del aborto), al no haber conseguido reunir el acuerdo de la mayoría de sus miembros.
Durante la reunión del pleno de este organismo, el CGPJ votó el informe remitido por la Comisión de Estudios relativo a la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno, pero se registró un empate diez y sólo una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.
Tampoco recibió el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo), propuesto por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que recibió diez apoyos y once votos en contra, explicó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo.
Los vocales se plantearon si pedían una nueva prórroga al Gobierno para tratar de emitir un nuevo informe, pero finalmente decidieron no hacerlo, por lo que la reforma de la ley del aborto continuará su tramitación sin el preceptivo (no vinculante) informe del CGPJ.
«El Consejo no va a emitir ningún informe», ha explicado Bravo, quien ha reconocido que «la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas» en el seno del órgano de gobierno de los jueces.
De esta manera, el Gobierno deberá aprobar el texto definitivo del proyecto de ley del aborto sin contar con un informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal.
Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes.
En el consejo fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un informe, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción voluntaria del embarazo. Pese a todas las diferencias, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.
El anteproyecto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de mayo, contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.