MADRID | E.P.
El dictamen aprobado el martes por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y remitido ayer al Ministerio de Juticia señala que «no pude hablarse de derecho al aborto», pues, en ese caso, «supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana».
El texto, aprobado con seis votos a favor y cinco en contra, apunta que los artículos 12 y 14 del anteproyecto del Gobierno -que recogen la garantía de acceso al IVE y el aborto a petición de la mujer- «deben considerarse como normas inconstitucionales» y basa su dictamen en la sentencia de Tribunal Consitucional de 1985. La discrepancia, según sostienen, radica en la «desprotección del nasciturus» y en que el Estado «debe abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma».
Con todo, reiteran que la despenalización «no puede convertirse en derecho» y que el aborto «sigue siendo un mal, pues supone la privación de la vida del nasciturus». «Dicho valor cede ante situaciones extremas. Pero, en puridad, no puede hablarse de un derecho al aborto», apuntan.
Por su parte, los fiscales que no votaron a favor este texto, entre los que se encuentra el Fiscal General del Estado, Cádido Conde-Pumpido, emitieron un segundo dictamen también enviado a Justicia, en el que señalan que en el anteproyecto «no se habla de un derecho al aborto», sino del «reconocimiento y garantía» en el acceso a la IVE. En cualquier caso, consideran que en el aborto aparecen «dos bienes jurídicos» y el texto del Gobierno menciona los derechos fundamentales de la mujer como objeto de protección preferente en la aplicación de la ley.