MADRID | EFE
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva que contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que las palabras «derechos, garantías, seguridad y respeto» definen este anteproyecto, que pretende «salvaguardar la dignidad de las mujeres».
Junto a ella, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseguró que el anteproyecto es «el más equilibrado posible» y está «en línea con la mayoría de los países de nuestro entorno».
El anteproyecto sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que según Aído, trata de dar coherencia al marco jurídico y evitar intervenciones clandestinas.
Hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto.
La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será una prestación pública y gratuita, y el Estado velará por su cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas a través de la Alta Inspección Sanitaria.
Tras conocer la noticia, la Federación de Mujeres Progresistas felicitó al Gobierno «por el cambio histórico» que supone la ley con la que la interrupción voluntaria del embarazo «pasa a considerarse un derecho jurídicamente exigible y deja de ser una concesión del Estado tutelada por terceros», argumentó su presidenta, Yolanda Besteiro.
También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) mostraron su satisfacción.
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