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Piden un año de cárcel para el dueño del DC-10 por violar un precinto municipal
Policías locales levantaron dos actas por poner música y no respetar los horarios cuando el equipo de audio estaba inmovilizado, según la fiscal. El acusado dice que había pagado la multa y creía que el expediente estaba cerrado
EIVISSA | S. PARRA
El Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa celebró ayer una vista en la que comparecía como imputado el titular de la discoteca DC-10 de Sant Jordi, D.L.M., acusado de no haber respetado una prohibición de poner música en el local dictada por el Ayuntamiento de Sant Josep.
Mientras la Fiscalía defendió que se le imponga un año de prisión al acusado por un presunto delito de desobediencia grave, la defensa solicitó su libre absolución al considerar que el expediente abierto por la primera infracción fue cancelado poco después y, por lo tanto, carecen de sentido las dos actas posteriores por no respetar la prohibición.
Los hechos enjuiciados se iniciaron el 28 de septiembre de 2006, cuando la Policía Local de Sant Josep comprobó que el local infringió los horarios establecidos y comunicó esta circunstancia al Consistorio, que inició un expediente de infracción y decretó el precinto de los equipos de audio como medida provisional.
El día 2 de octubre, los agentes volvían a acudir al local para corroborar que se estaba poniendo música en la sala, en este caso con otro equipo diferente al precintado, que se encontraba en una furgoneta, según declaró ayer un policía.
Nuevamente, el 1 de enero de 2007, los agentes certificaban que se estaba celebrando una sesión musical, por lo que consideraron que se estaba vulnerando nuevamente la resolución municipal. Al tratarse de dos presuntas infracciones, los servicios municipales cursaron denuncia por la vía penal.
D.L.M. explicó ayer que recibió una notificación de Sant Josep en la que se notificaba la apertura del expediente por la sanción y que, al día siguiente, ingresó los 1.500 euros de sanción máxima que establecía la normativa municipal, por lo que consideró que ya había satisfecho su responsabilidad y se resolvía el expediente.
Su abogado amplió esta idea señalando que el mismo decreto de alcaldía que se le trasladó al acusado incluía en sus artículos el hecho de que los expedientes sancionadores quedan cancelados automáticamente «en el caso de que se asuma voluntariamente la autoría de la infracción y se satisfaga la posible sanción», explicó el letrado.
La fiscal preguntó al acusado el motivo por el que, si entendía que ya se había zanjado el asunto, puso en la sala un nuevo equipo de música y no usó el precintado, puesto que el bloqueo de los aparatos era una medida cautelar. D.L.M. señaló que, aunque creía que el expediente estaba liquidado, él no era quién para romper un precinto y estaba esperando a que el sello fuera retirado oficialmente.
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El Ayuntamiento de Sant Josep abrió el expediente sancionador el 28 de septiembre de 2006 / Vicent Marí
MULTIMEDIA
Mientras la Fiscalía defendió que se le imponga un año de prisión al acusado por un presunto delito de desobediencia grave, la defensa solicitó su libre absolución al considerar que el expediente abierto por la primera infracción fue cancelado poco después y, por lo tanto, carecen de sentido las dos actas posteriores por no respetar la prohibición.
Los hechos enjuiciados se iniciaron el 28 de septiembre de 2006, cuando la Policía Local de Sant Josep comprobó que el local infringió los horarios establecidos y comunicó esta circunstancia al Consistorio, que inició un expediente de infracción y decretó el precinto de los equipos de audio como medida provisional.
El día 2 de octubre, los agentes volvían a acudir al local para corroborar que se estaba poniendo música en la sala, en este caso con otro equipo diferente al precintado, que se encontraba en una furgoneta, según declaró ayer un policía.
Nuevamente, el 1 de enero de 2007, los agentes certificaban que se estaba celebrando una sesión musical, por lo que consideraron que se estaba vulnerando nuevamente la resolución municipal. Al tratarse de dos presuntas infracciones, los servicios municipales cursaron denuncia por la vía penal.
D.L.M. explicó ayer que recibió una notificación de Sant Josep en la que se notificaba la apertura del expediente por la sanción y que, al día siguiente, ingresó los 1.500 euros de sanción máxima que establecía la normativa municipal, por lo que consideró que ya había satisfecho su responsabilidad y se resolvía el expediente.
Su abogado amplió esta idea señalando que el mismo decreto de alcaldía que se le trasladó al acusado incluía en sus artículos el hecho de que los expedientes sancionadores quedan cancelados automáticamente «en el caso de que se asuma voluntariamente la autoría de la infracción y se satisfaga la posible sanción», explicó el letrado.
La fiscal preguntó al acusado el motivo por el que, si entendía que ya se había zanjado el asunto, puso en la sala un nuevo equipo de música y no usó el precintado, puesto que el bloqueo de los aparatos era una medida cautelar. D.L.M. señaló que, aunque creía que el expediente estaba liquidado, él no era quién para romper un precinto y estaba esperando a que el sello fuera retirado oficialmente.
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