FORMENTERA | C. CONVALIA
El Gen-Gob ha presentado una denuncia ante el Consell Insular de Eivissa, competente en materia de declaraciones de interés general de obras e instalaciones en suelo rústico, para que «se paralicen inmediatamente las obras del parque fotovoltaico `Formentera I´», iniciadas recientemente por la empresa TSK en la zona de entrada del camino que lleva de la carretera de Cala Saona a la planta de transferencia de residuos de es Cap.
La supuesta ilegalidad que denuncia el GEN-GOB se basa en la forma en la que la anterior conselleria balear de Comercio, Industria y Energía ha declarado el proyecto de «utilidad pública energética», lo que lleva implícito que ni el Ayuntamiento ni el Consell Insular puedan ejercer control alguno sobre las obras.
La cuestión radica en que la aprobación de la citada conselleria se basa en el articulado del Plan Director Sectorial Energético de las Balears que contempla esta tramitación extraordinaria sólo para las instalaciones que vienen citadas en el mencionado Plan Director, por lo que no se considera necesario que pase por el control municipal e insular.
Los ecologistas aseguran que «el hecho de que estas instalaciones no pudieran ser autorizadas de forma automática por la conselleria» llevo al Govern balear «a aprobar la modificación de la Ley autonómica de suelo rústico, vía Ley de Acompañamiento de Presupuestos de 2006». De esta forma, en su artículo 16 se incluye una disposición que «facultaba a la conselleria de Comercio, Industria y Energía para que aprobara una disposición reglamentaria que regulara el procedimiento administrativo aplicable para tramitar las declaraciones de utilidad pública energética para los proyectos de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de Balears». Lo más curioso, según la citada asociación ecologista, es que «esa disposición reglamentaria nunca se llegó a aprobar y por lo tanto nunca se ha podido aplicar, de manera que las tramitaciones de este tipo en suelos rústicos están sujetas a una declaración de interés general por parte de los consells insulars correspondientes».
Por estos motivos los ecologistas pitiusos consideran que «los anteriores responsables de la conselleria de Energía del Govern han podido incumplir la legislación en materia de suelo rústico y pueden haber incurrido en delitos contra la Ordenación del Territorio y de prevaricación al haber tramitado la autorización de proyectos sin ningún tipo de soporte legal».
