PALMA | EUROPA PRESS
La Ley de Comercio que prepara el Govern balear considerará gran superficie a los establecimientos de más de 700 metros cuadrados, en el caso de Mallorca, de 400 metros en Eivissa y Menorca y 200 metros en Formentera. Además, las tiendas dirigidas al consumidor final no podrán estar ubicadas en calles donde no existan viviendas, con lo que dejarán de proliferar en los polígonos industriales.
Según el director general de Comercio, Pere Trias, actualmente está siendo consensuado con los agentes del sector privado e iniciará su tramitación parlamentaria en el mes de enero, para entrar en vigor, previsiblemente, a finales del primer trimestre de 2009. El director general aclaró que el aspecto más importante de la nueva ley será que «desaparece la limitación de la prohibición de abrir nuevas grandes superficies, incluida la moratoria existente en Palma desde 2005, porque no lo permite la directiva europea de servicios, más conocida como `Directiva Bolkestein´.
Para evitar la posibilidad de que en Balears se lleguen a construir macrocomercios con dimensiones «absurdas para las islas, los requisitos deberán ser totalmente objetivos y no discrecionales, similares a los que se emplean para otorgar las licencias urbanísticas», señaló el director general, para quien el hecho de que desaparezcan las prohibiciones supone que «habrá regulación, pero no barra libre», puntualizó.
Así, la «nueva concepción» de las grandes superficies, según los criterios del Govern, pasan por vincular el modelo comercial al urbano, dependiendo siempre de aspectos como la población de cada núcleo; con lo cual, «queda bastante claro el tipo de comercio que no queremos», expuso Pere Trias.
Otros requisitos novedosos serán que la conselleria de Comercio podrá solicitar un informe sobre cada expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia, que se creará el próximo mes de diciembre y, además, se deberá demostrar técnicamente que las calles de acceso son suficientemente amplias y que el establecimiento tiene conexión a todas las infraestructuras, como electricidad y alcantarillado.
Además, el edificio afectado por la solicitud de licencia de apertura comercial deberá contar con zonas de aparcamiento «suficientes», a fin de evitar el colapso del tráfico en las calles adyacentes. Por otra parte, Trias señaló que, si a los tres meses de presentar la documentación requerida no hay respuesta, «habrá silencio administrativo positivo», dijo.
En cuanto al recorrido que se espera que tenga la nueva legislación autonómica sobre el comercio, el director general desveló que actualmente se encuentra en fase de consenso político, y descartó que entre en el Parlament antes de enero, puesto que antes debe pasar por el Consell Asesor de Comerç, por exposición pública, por el Consell Económico i Social y por el Consell de Govern.
