EIVISSA | ALBERTO FERRER
Esquerra Unida denunciará ante el Parlamento Europeo la contratación de más de 300 ciudadanos checos para los hoteles del polémico empresario Fernando Ferré. El eurodiputado Willy Meyer preguntará por las posibles irregularidades en la situación de estos trabajadores y desde la coalición alertan de que éste es uno de los peligros que se cierne sobre los asalariados con la entrada en vigor de la directiva Bolkestein, que liberaliza los servicios en el interior de la Unión.
Según el coordinador de EU en Balears, David Abril, la directiva «va mucho más allá de la liberalización de horarios», que ha alarmado al sector del comercio, y es que «permitirá contratar cualquier servicio entre los 27 países miembros», lo que supone una «amenaza a la calidad de vida» de los trabajadores y es especialmente preocupante «en un momento de crisis económica como el actual», donde los empresarios buscarán maximizar beneficios «rebajando costes laborales si pueden».
Lo que sorprende en EU del `caso checo´ es que el empresario «no se ha cortado un pelo» al contratar «a 300 extranjeros de golpe», lo que les hace temer que Ferré ha estado asesorado en la posibilidades que se le abren con la normativa comunitaria y «explora hasta donde puede llegar», como han hecho ya otros empresarios en el Continente.
Ilegal incluso en Chequia
En el caso de los contratos que firmaban los trabajadores de Ferré, con cláusulas que les obligaban a esforzarse sin causar problemas a su patrono, Abril cree que «hay aspectos que seguro que no son legales ni en Chequia», pero preocupa que otras cuestiones que sí cumplen el ordenamiento de ese país, «como el salario», se den por buenos en los tribunales, lo que «sentaría un muy mal precedente». Incluso se podrían «subcontratar servicios en Turquía o Suiza», porque a pesar de que ninguno de estos dos países está en la Unión, «mantienen acuerdos de libre comercio con Europa».
Resulta que al amparo de esta directiva, por ejemplo, «una empresa de Eivissa puede contratar -e `importar´- a toda la plantilla de un hotel desde otro país con peores condiciones laborales», siempre que esto suceda entre Estados miembros. «Lo más escandaloso», según Abril, «es que la directiva incluye la sanidad o la educación en la lista» de servicios susceptibles de liberalizarse.
Esta situación es especialmente grave en Balears, donde el 74% de la población activa pertenece al sector servicios -«que no exige una elevada qualificación profesional»-. Por eso, «todos son potenciales víctimas de la directiva Bolkestein», comenta Abril, que amenaza sobre todo a las mujeres -el 94% de ellas trabajan en este sector-.
La directiva ya ha sido llevada a los tribunales en tres ocasiones, por casos similares al protagonizado en Eivissa por Fernando Ferré, en Finlancia, Suecia y Alemania y «en todos los casos» el Tribunal Europeo ha fallado a favor de las empresas y «se ha lavado las manos», según Abril, alegando que «no se puede sacrificar la libre competencia de las empresas porque es lo que marca la directiva, que no habla de derechos laborales».
España todavía no ha adaptado esta directiva, aunque no podrá entrar en contradicción con el texto comunitario. Esto preocupa en la coalición de izquierdas, porque los países no pueden aplicar su propia legislación laboral a los trabajadores que lleguen con un contrato firmado en otro país.
