Sigue sin haber juicio siete años después del Prestige

EP El accidente del petrolero Prestige cumplirá este viernes, día 13 de noviembre, su séptimo aniversario sin que por el momento se haya podido iniciar el juicio que atribuirá responsabilidades a los implicados en la catástrofe por lo que los afectados consideran que es una "falta de interés político".

Así lo aseguró a Europa Press Pedro Trepat, abogado de la acusación particular de la Plataforma Nunca Máis, quien afirmó que el retraso de siete años en la causa se debe a que "no hubo interés político en encauzar dentro de unos parámetros temporales" el juicio por el caso Prestige.

En este sentido, admitió que el juzgado de Corcubión, que instruyó el caso, es "pequeño" para esta causa, aunque, recordó, "otras causas muy complejas, como la del 11M, se instruyeron rapidísimo". "El retraso es la consecuencia de no haber facilitado los medios necesarios a un juzgado pequeño", sentenció.

La jueza titular del Juzgado de Instrucción de Corcubión (A Coruña), concluyó el pasado mes de marzo el procedimiento abreviado del Caso Prestige, cuya instrucción comenzó en noviembre de 2002, con un auto en el que inculpaba al capitán del buque, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; y al primer oficial, Ireneo Maloto; por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y desobediencia.

Sin embargo, la jueza de Corucubión decidió exculpar entonces de la catástrofe al ex director general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, que en su momento decidió que el buque fuese alejado de la costa. En opinión de las acusaciones particulares, esta decisión "aumentó" el daño derivado del accidente y provocó que el barco, finalmente, se rompiese.

Por su parte, la Audiencia Provincial de A Coruña revocó el pasado mes de octubre el auto de la jueza de Corcubión y decidió volver a inculpar en la causa a José Luis López-Sors dado que, según la Audiencia, la decisión de alejar el barco fue un "error clamoroso" que derivó en una "responsabilidad criminal con imprudencia grave".

En este momento, siete años después, el Juzgado de Instrucción número uno de Corcubión está a la espera de abrir la fase de juicio oral, en la que las partes personadas presentarán sus escritos de clarificación, que están componiendo. Posteriormente, el procedimiento será elevado a la Audiencia Provincial de A Coruña y ésta señalará una fecha definitiva para la vista oral y la apertura del juicio, algo que los implicados esperan que pueda producirse "a mediados del año que viene".

Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), más de 2.300 perjudicados por la marea negra del Prestige reclaman civilmente por los daños sufridos, mientras que otros 2.000 están personados en la causa. Entre las acusaciones particulares de este caso, cuyo sumario supera las 200.000 páginas, se encuentra la plataforma Nunca Mais, Esquerda Unida y algunas cofradías de pescadores.

Juicio en paralelo en Estados Unidos

Paralelamente, en Estados Unidos continúa sin empezar el juicio que el Estado español inició contra la empresa clasificadora del buque, ABS, que en 2001 y 2002 certificó que el Prestige era apto para navegar.

La causa, que se inició en 2003, ha estado debatiendo hasta principios de este año la competencia del juzgado de Nueva York que lo lleva para realizar el procedimiento, en virtud de un recurso planteado por la empresa norteamericana.

La sala estadounidense trata de decidir ahora que derecho emplea para juzgar los hechos, si el español o en norteamericano --ambos regidos por el principio de 'quien contamina, paga'-- o el de Bahamas, bajo cuya bandera navegaba el Prestige y que impediría que el juicio se celebrase en Estados Unidos.

Fuentes de la Abogacía del Estado confió en que este último "obstáculo pendiente" para el inicio del juicio en Nueva York se resuelva "antes de Navidad" y "probablemente en este mes de noviembre", al tiempo que consideró "altísimamente improbable" que la jueza se decante por el derecho de Bahamas.

Una vez resuelto este escollo, la Abogacía del Estado prevé que en el plazo de unos meses se pueda iniciar el "pretrial", esto es, la reunión y análisis de pruebas, declaraciones e informes necesarios para, posteriormente, iniciar el juicio, en los mismos plazos que el que se celebra el España.

Dentro de esta causa, el Estado español reclama a ABS una indemnización de 1.000 millones de dólares por los daños causados por la marea negra del Prestige así como 26 millones adicionales más por los gastos que ha conllevado el proceso