EFE
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori aceptó este lunes todos los cargos que se le imputan en el juicio por los casos de las escuchas ilegales, el pago a congresistas y la compra ilegal de una línea editorial de medios. De este modo, se acogió a la conclusión anticipada del último juicio por corrupción en su contra y será sentenciado el próximo miércoles.
La Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia declaró la conclusión anticipada de los debates, tras la aceptación de Fujimori de los cargos por delito contra la administración pública (peculado o mal uso fondos públicos), cohecho activo (corrupción de funcionarios), y contra la libertad del secreto de las comunicaciones en perjuicio de una serie de personas.
En tal sentido, la sala anunció que la sentencia contra el ex mandatario (1990-2000) será dictada el próximo miércoles 30 a las 11 de la mañana (16.00 GMT).
Además de los 25 años por los delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, Fujimori también ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel por la entrega del dinero a su ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a seis años por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de su ex colaborador.
El fiscal supremo, José Peláez, pidió ocho años de prisión y el pago de cinco millones de soles (1,6 millones de dólares) en reparación civil a favor del Estado y tres millones de soles (un millón de dólares) en forma proporcional, a favor de una decena de afectados por las interferencias telefónicas.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que su defendido renunció a los actos del proceso al considerar una sentencia condenatoria.
En vista a que "no se va a poder alcanzar un juicio imparcial, mi misión es verificar que se exprese la conformidad y responda a la voluntad libre del acusado", agregó Nakazaki.
Sin embargo, el ex congresista de izquierda Javier Diez Canseco, uno de los agraviados en el juicio, dijo que la decisión de la sala no era un triunfo porque se va a evitar que "se vean las redes de la corrupción" del pasado gobierno de Fujimori.
Proteger la candidatura de su hija
Diez Canseco dijo que la aceptación de Fujimori busca proteger la candidatura presidencial de su hija Keiko Fujimori, una de las favoritas para los comicios del 2011, porque en el proceso se iba a escuchar a 61 testigos declarando sobre el mal uso de los fondos públicos para espiar a sus opositores y comprar a congresistas tránsfugas.
También iba a quedar al descubierto la financiación que hizo Fujimori de los estudios universitarios de su hija Keiko en Estados Unidos, presuntamente con dinero del Tesoro Público, agregó Diez Canseco.
El legislador fujimorista Carlos Raffo dijo que el ex mandatario quiso poner punto final a un "show mediático" en el que se iba a realizar el desfile de una serie de opositores a él, y que no significaba que aceptase los cargos presentados en su contra.
En la audiencia pública, Peláez aseguró que el ex mandatario ordenó el funcionamiento de un centro de escucha, denominado Casa Blanca, en el Palacio de Gobierno, así como de otros centros clandestinos encargados de la interceptación telefónica y de las comunicaciones de diversos personajes públicos.
Otro de los casos es la adquisición de un canal de televisión de señal cerrada, el Cable Canal de Noticias, y de un diario de circulación nacional, Expreso, para favorecer su reelección en el 2000.
El tercer caso fue el pago a 13 congresistas opositores para que se unan al oficialismo en el 2000, de manera que Fujimori pudiese tener un apoyo para su tercera elección presidencial consecutiva ese año, según indicó Peláez.
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