El Ayuntamiento de Eivissa derogará esta semana el decreto de alcaldía de 2006 que daba por aprobado Eivissa Centre sin el visto bueno del Consell, a pesar de que cumplía los requisitos exigidos por la Ciotupha
EIVISSA | L. F. A.
Con este último paso se desbloquea por completo la tramitación de Eivissa Centre, ya que el mencionado decreto estaba en los tribunales tras una denuncia del anterior equipo de gobierno del PP en el Consell por considerar que invadía sus competencias. Este desbloqueo se materializará en la reanudación de las conversaciones con todos los colectivos afectados por la reforma, dando prioridad a los vecinos de Santa Margarita, que se trasladarán al nuevo edificio que se construye en estos momentos en Joan XXIII. En la misma línea que ya avanzó la alcaldesa de Vila, Vicent Torres aseguró que no están cerrados a cambios en este punto del proyecto «si se observa que debe replantearse alguna cuestión en el plan de reubicación». Remarcó, además, que de los 86 propietarios que deben ser realojados, 69 han firmado ya la permuta, por lo que considera que ha habido «manipulación y desinformación» por parte de un sector muy concreto y que espera solucionar este problema en próximos contactos con los vecinos. «La idea de que los vecinos se han enfrentado al proyecto no es cierta», remarcó Torres.
Además, el equipo de gobierno de Vila retomará las conversaciones con la Administración del Estado para la construcción de la nueva sede de los juzgados ibicencos y la delegación del Gobierno, incluida en el plan de Eivissa Centre, además de con la conselleria de Educación del Govern, con la que deben tramitar el convenio para la construcción de la nueva escuela de sa Bodega.
«Importante remodelación»
Sin aventurarse a dar fechas, el teniente de alcalde, Santiago Pizarro, aseguró que en esta legislatura «se habrán dado los pasos más importantes» de ejecución de Eivissa Centre y esa parte de la ciudad «habrá sufrido una importante remodelación» aunque no se haya construido el total de todo lo planteado.
Llegados a este punto, el equipo de gobierno mostró ayer su «satisfacción, como no puede ser de otra manera», explicó Torres, por la resolución de la Ciotupha «que ha permitido desatascar uno de los temas que teníamos paralizados en el Consell desde hace casi cuatro años». Además, Pizarro considera que los últimos pasos del proceso han demostrado que «toda la documentación que el Consell ha utilizado ahora estaba en la sede de esta institución desde hace un año y, si el anterior equipo de gobierno no la aprobó, fue por un claro bloqueo político».
Precisamente el cruce de acusaciones tuvo ayer un nuevo capítulo, ya que el responsable de territorio, Vicente Torres, respondió a la consellera insular del PP Carolina Torres, que el lunes acusó al equipo de gobierno de Vila de usar un doble rasero con el Consell, diferente ahora del que utilizaron con el anterior equipo de gobierno. «Nos acusan [el PP] de anular ahora el decreto y antes no, pero es que el escenario es diferente porque quien ha dado del primer paso para el desbloqueo ha sido el Consell, por lo que ese argumento carece de peso». Además «dice el PP que no tiene constancia de que se hayan cumplido las condiciones que impuso la Ciotupha, pero la verdad es que hace tiempo que se renunció a la venta de las plazas de aparcamiento por un sistema de concesión». Tampoco es cierto, remarca Torres, «que Eivissa Centre esté sub iúdice ya que, con la retirada del decreto de alcadía el asunto deja de estar en los tribunales». Otro de los argumentos, el aumento de edificabilidad que ampara Eivissa Centre, «queda anulado porque el objetivo de este incremento es crear VPO».
Torres recordó, además, que las denuncias del PP con respecto a una subida en el precio de los parkings se basan en un estudio de catedráticos de la UIB, que se efectuó sin que sus responsables pidiesen «ni un solo dato al Ayuntamiento».