El joven ibicenco protagonista de esta historia ya era consciente de la odisea que suponía encontrar una vivienda con un salario medio y aun contando con trabajo estable. Por ello, se hace más difícil todavía asimilar que a final de verano deberá abandonar el que es su hogar desde hace dos años, a pesar del pago completo de 92 mil euros que, en principio, parecía una ganga y de invertir meses de trabajo y 20.000 euros en reformas que no le serán reembolsados.

Su rostro refleja incredulidad cuando recuerda cómo empezó a rastrear cualquier alternativa para independizarse, tras regresar a la isla al finalizar su carrera. Creyó ver una oportunidad cuando supo que salía a subasta pública, a causa de un embargo, un piso en la Vía Romana que podría llegar a sufragarse. «No sabía cómo funcionaban, me informé a fondo y llegué a la puja, donde había subasteros profesionales».

Previamente, había revisado en el Registro de la Propiedad «que no hubiera ningún trasfondo problemático ni nada extraño en la vivienda» y después fue a visitarla para comprobar que estaba en buen estado. Al llamar la puerta, le abrió una familia extranjera que residía allí en régimen de alquiler y que «ya sabían que la casa salía a subasta y estaban de acuerdo en que debían abandonarla». El joven incluso muestra el contrato que esa familia había firmado con el propietario embargado por el que aceptaban que su arrendamiento no se prorrogaría a partir de su finalización, el 31 de marzo de 2016.

Así que, con la seguridad que le proporcionaron todas estas indagaciones, se presentó en los juzgados para la subasta, tras depositar la fianza del 5% de tasación del apartamento. El joven se adjudicó la puja por 92.000 euros y, tal y como marca la legislación, hizo efectivo el pago de toda la cantidad durante el plazo de 40 días hábiles.

Tramitación

A partir de allí, empieza toda la tramitación administrativa para que la propiedad pasara a su nombre, un periodo en el que se prestó a ayudar a los inquilinos a buscar una nueva vivienda. «Les pasé un montón de ofertas de alquiler, ellos siempre decían que estaban mirando anuncios y que se irían», recuerda resignado.

Pero, al cabo de unos meses, empezaron los problemas con la llamada de un abogado. «Me explicó que la familia no se quería ir y que tenían derecho a seguir viviendo allí. Yo le recordé que ellos sabían perfectamente que la casa salió a subasta porque la habían embargado y que tenían que irse, además de que tenían el contrato firmado para no prorrogar su alquiler», recuerda.

Ante esa «situación absurda», sin poder acceder al piso si no lo abandonaba esa familia, recurrió a un abogado e interpuso una demanda de desahucio. Ganó el juicio y al final, tras nueve meses en los que los inquilinos vivieron sin pagar ningún alquiler, pudo tener la vivienda a su disposición. «Me pillé vacaciones para dedicarlas por completo a reformar el apartamento, gasté 20.000 euros, pero mi padre y yo invertimos tres meses de trabajo».

Ya disponía de un hogar de 70 metros cuadrados con dos habitaciones, una menos de las que tenía antes de la rehabilitación. «Tiramos dos tabiques, instalamos cocina y baño nuevo, ventanas de aluminio... dejamos una casa impecable», detalla. «Pero pasa el tiempo y me llega una notificación de que esta gente me había puesto una demanda de retracto, una cosa que yo no había oído en la vida y de la que no me avisaron en el Registro de la Propiedad ni en los Juzgados, a pesar de que yo pregunté por todos los detalles antes de la subasta», lamenta.

El derecho de retracto sobre una vivienda concede a los inquilinos la preferencia a la hora de adquirir una propiedad, incluso después de haberse cerrado un acuerdo con un tercero, si se considera que no habían sido informados adecuadamente de que el inmueble salía a la venta y si aportan la misma cantidad económica. «Yo puedo entender que los inquilinos tengan preferencia, ¿pero cómo es posible que sea con carácter retroactivo, cuando yo ya he hecho el pago y tengo la vivienda a mi nombre?».

Así que la perspectiva de estabilidad de la que gozaba gracias a tener un apartamento completamente pagado, «con las dificultades que hay en Ibiza», se ha convertido en una pesadilla después de perder un primer juicio con los demandantes y la apelación. Ya ha recibido la notificación de que debe abandonar su hogar a finales de verano y se ve obligado a volver con su familia, como cuando era un estudiante. «He perdido mucha ilusión, tiempo y dinero, porque no recupero la inversión de la reforma». «Además, resulta que ellos no tienen dinero para comprar la casa y el banco no se lo da, sino que es su jefe el que ingresó el dinero en el juzgado cuando pusieron la demanda, con lo que no me extrañaría que aquí haya otras intenciones», lamenta.