El Tribunal Supremo ha reducido de 289.000 a 120.000 euros el coste de los servicios del procurador contratado por el Consell de Ibiza para el recurso de casación sobre el coste de las expropiaciones de los terrenos del vertedero de Ca na Putxa. La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, asegura que es «una victoria», aunque destaca que, pese a que la retribución del procurador se ha rebajado «más de la mitad», la cifra que debe abonarle la institución insular «sigue siendo una barbaridad».

El fallo del Supremo se basa en que, a la hora de estimar sus honorarios, el procurador calculó la cuantía de todo el procedimiento, sin distinguir la instancia, en la que no participó, del recurso de casación. La normativa fija en 300.000 euros el máximo que puede ingresar un procurador y, dice la sentencia, «el límite deberá calcularse sobre la totalidad de los derechos devengados por los procuradores que representaron a la Administración insular en ambas fases procesales y no de manera individualizada sólo en el recurso de casación [en el Supremo]».

Un máximo de 150.000 euros

Así, el Supremo entiende que la limitación general ha de aplicarse a las dos fases procesales que ha seguido el proceso, instancia y recurso de casación, por lo que, en este caso, el máximo que podría ingresar este procurador, que ejerce su profesión en Madrid, deberían ser 150.000 euros. En todo caso, el procurador sólo intervino en el escrito de oposición al recurso de los propietarios afectados por las expropiaciones de Ca na Putxa, por lo que, en aplicación del artículo 3 del Real Decreto que regula los aranceles de los asuntos del orden contencioso, tiene derecho a percibir el 80% del límite fijado; es decir, 120.000 euros.

Díaz insiste en que 120.000 euros en los gastos de un procurador supone una cifra «desorbitante», pero felicita al jefe de los servicios jurídicos del Consell por un trabajo «tan bien hecho» y que ha permitido reducir «a más de la mitad», insiste, la cuantía que inicialmente se debía abonar.

«Nunca había visto algo igual»

La vicepresidenta segunda, que ejerció hace años de jueza sustituta, asegura que «nunca había visto» un caso similar, al tiempo que recuerda que el recurso de casación y la contratación de este procurador se remonta al pasado mandato, cuando gobernaba el PP.

Actualmente, con el servicio telemático de desknet, apunta Díaz, ya no se suelen contratar los servicios de un procurador. «Pero nunca piensas que pueda pasar una minuta como ésta», apunta la vicepresidenta segunda, que recuerda que el Supremo condenó al pago de las costas a la otra parte (a los propietarios afectados por el coste de las expropiaciones que recurrieron en el Supremo), que se fijó en 4.000 euros, la cantidad que cobró el abogado contratado por el Consell. «No está proporcionado con lo que reclamaba el procurador», señala Díaz.

Sobre el proceso judicial, el Tribunal Supremo desestimó las pretensiones de los propietarios de los terrenos del vertedero, que exigían el pago de 250 millones de euros. El justiprecio quedó inicialmente fijado en seis millones de euros, pero cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears elevaron finalmente la cuantía a 10 millones de euros.