El presidente del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm, criticó ayer la «total impunidad» que demuestra el Ayuntamiento de Sant Antoni al no haber derribado ninguna obra ilegal en 2017 y al mantener paralizada la multa millonaria que debería recaer sobre el promotor Michael Cretu.

Según Palerm, estos hechos «son una prueba más de la nula implicación de la Administración en temas de disciplina urbanística» y lamentó que el Ayuntamiento «no sea capaz siquiera de resolver la infracción más grave de todas las que tiene en su municipio», y que, además, «daría mucho dinero a las arcas municipales», en alusión al expediente sancionador por el exceso de edificación cometido por Cretu.

Palerm recordó que «las infracciones en suelo protegido no prescriben nunca», por lo cual, aunque el expediente abierto en su día hubiera caducado ya, «puede reabrirse en cualquier momento». Del mismo modo, consideró que un posible delito de prevaricación tampoco habría prescrito y señaló que podrían ser responsables del mismo los alcaldes que han dejado de actuar sobre este asunto: «José Sala, Pepita Gutiérrez y Josep Tur».

Sobre la falta de personal que viene alegando el Ayuntamiento de Sant Antoni como argumento para justificar su inactividad en disciplina urbanística, el presidente del GEN indicó que «no se puede alegar falta de personal para dejar de hacer lo que es una obligación legal».

Los ecologistas también lamentaron la falta de una agencia insular de disciplina urbanística para la isla de Ibiza, similar a la que funciona en la isla de Mallorca «y que tan buenos resultados está dando».

Ni el Consell ni, tampoco, la Fiscalía de Medio Ambiente cumplen con su deber, a juicio del GEN: «El Consell debería haber priorizado la creación de la agencia insular, dotada de medios y personal, pero no hay ni rastro. La Fiscalía, además, no ha actuado nunca contra estos comportamientos prevaricadores», señaló Palerm. «La sensación de impunidad es absoluta», reiteró.

Por su parte, el dirigente de Reinicia Sant Antoni y concejal de Medio Ambiente, Pablo Valdés, eludió ayer ofrecer su opinión sobre la situación del expediente sancionador a Michel Cretu, que podría reportar al Ayuntamiento entre 2,5 y 5 millones de euros. «La verdad es que me ha pillado por sorpresa esta noticia», afirmó. Aunque prefirió esperar a hoy para pronunciarse, no descartó que la falta de personal alegada por el equipo de gobierno pueda ser una explicación para esta situación.

Durante el año 2017, el Ayuntamiento de Sant Antoni sólo ingresó 65.000 euros en sanciones urbanísticas, pero no llegó a derribarse ninguna obra ilegal, según confirmó el propio Consistorio.