La Fiscalía acusó a 663 personas de la presunta comisión de un delito contra la seguridad del tráfico en el año 2017, el 70,5% de ellas por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas y el 23,9% por conducir sin tener el permiso correspondiente, según los datos facilitados por la jefa de área del Ministerio Público de Ibiza, María del Carmen Navarro, a este diario.
«Los delitos que más se cometen en Ibiza, como en otros sitios, son contra la seguridad vial y de violencia de género», subrayó Navarro, quien concretó que también hay delitos contra el patrimonio o contra las personas, pero que no es «lo habitual del día a día».
En relación al año 2016, se registró un leve aumento de las acusaciones por la presunta comisión de delitos contra la seguridad vial al pasar de los 653 escritos presentados entonces a los 663 del pasado año. De éstos últimos, 565 correspondían a casos tramitados de forma urgente y 98 a aquéllos en que fue necesario continuar la instrucción por su gravedad -como es el caso de los homicidios imprudentes- o por la necesidad de recoger más testimonios o realizar pruebas periciales y que pasaron después a procedimiento abreviado,
«La mayoría de los acusados de temas de seguridad vial se conforman [con la pena pedida]», afirma la fiscal en relación a que los asuntos que llegan como urgentes al juzgado de guardia se resuelven en el momento. Y eso se debe a que se trata de «el único tipo penal que es objetivo»: dar más de 0.60 miligramos por aire espirado en el test de alcoholemia es delito «y no tener el carné se puede comprobar con la dirección general de Tráfico».
Asimismo, hubo unos 200 casos incoados por delitos de seguridad vial que llegaron al juzgado y en los que no se presentó escrito de acusación, bien porque no había delito bien porque al acabar el año la instrucción no estaba cerrada.
Delitos de violencia de género
En violencia machista -que en los datos facilitados se engloba bajo el dato de violencia doméstica aunque Navarro puntualiza que es de género en su mayoría-, la fiscal señaló que se incoaron 443 diligencias previas y 514 urgentes frente a las 376 y 516, respectivamente, del año anterior.
Al acabar el año se habían formulado 106 escritos de acusación, en torno a un 45% más que en 2016. «El margen de acusación en [estos delitos] de violencia de género no es como en otros casos; la mayoría de veces porque no existen indicios suficientes o porque la víctima no quiere denunciar y sin su declaración no tenemos ninguna prueba», destaca Navarro, quien añade que hay «mucho volumen de denuncias, pero el resultado en condenas es pequeño».
Sobre estos asuntos, insiste en la importancia de resolverlos lo antes posible y subraya que «la mayoría se llevan como urgentes para ver si el mismo día se puede resolver y que la víctima salga con una orden de protección, se hayan adoptado las medidas civiles si es necesario y el culpable salga con su codena». De hecho, de esos 106 escritos de acusación formulados, 103 eran en diligencias urgentes.
Sin embargo, reconoce que a veces se necesitan testigos y pruebas periciales «y no es todo tan rápido». Respecto a las periciales, Navarro destaca la importancia de ampliar la plantilla del equipo psicosocial, formado por una psicóloga y una trabajadora social, en al menos otro psicólogo. Estos profesionales atienden en casos de violencia de género y en materia de libertad sexual, menores y familia, entre otras cuestiones, y según la fiscal, sus informes se demoran.
«Si tenemos poco personal y un informe puede tardar dos meses en elaborarse, si una única persona tiene que hacer 200 a lo mejor tardamos un año o año y medio en recibir uno», subraya, y apostilla: «Esperar un año para un informe psicosocial en una custodia compartida es una barbaridad».
