El Parlament aprobó ayer la Ley de Vivienda de Balears que incluye la obligación de que los grandes tenedores cedan temporalmente los pisos que llevan más de dos años vacíos para que se destinen a alquiler social.
Con la cesión de pisos vacíos, la ley pretende facilitar que las familias mantengan su vivienda mientras se incrementa la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible en la comunidad autónoma.
A través del Registro de solicitantes de vivienda pública se acreditará la necesidad de cesión de viviendas por parte de los grande tenedores, que recibirán una compensación económica a cambio.
Los grandes tenedores
La normativa obliga a los grandes tenedores a inscribir sus casas vacías en el Registro de viviendas desocupadas. En caso contrario, serán sancionados con entre 3.000 y 30.000 euros.
Al respecto, el portavoz de Cs en Balears, Xavier Pericay, calificó de «inasumible» que el Govern «haga expropiaciones de viviendas siempre y cuando cumplan con la ley». Por ello, insistió en la necesidad de que esta cesión se realice «de forma voluntaria».
Por su parte, la diputada del PP Sandra Fernández sostuvo que se regula «de manera muy confusa y con inseguridad jurídica» y exigió que se eliminen las medidas «intervencionistas» que intentan «fiscalizar y demonizar a los grandes tenedores».
Igualmente, la diputada popular criticó que la normativa no se base en un «diagnóstico real» de la situación de la vivienda en Balears y reclamó que se elabore un Plan integral de Vivienda.
«Es una ley que no va a solucionar ni uno solo de los problemas de acceso la vivienda de nuestra Comunitat Autònoma», sentenció Fernández tras asegurar que «se está vendiendo» que los ciudadanos podrán reclamar una vivienda digna cuando «no es así».
Asimismo, la normativa establece vías de protección para los ciudadanos, como el servicio de acompañamiento para cualquier cuestión relacionada con el problema de la vivienda y el derecho a los suministros básicos para poder vivir en un hogar en condiciones.
La ley destaca también que se tienen que promover políticas dirigidas al fomento del parque público de viviendas de alquiler y prevé un régimen sancionador por incumplimientos que van desde los 60 euros en los casos leves hasta los 90.000 euros en los muy graves.
Por otra parte, reconoce el derecho al acceso a la vivienda en situaciones de especial vulnerabilidad y la obligatoriedad de la administración de garantizarlo. Los requisitos son no disponer de una vivienda, estar empadronado en Balears por un mínimo de tiempo y un informe de servicios sociales que acredite la vulnerabilidad.
Para fomentar el parque público de alquiler, todas las nuevas promociones que construyan las administraciones públicas serán de alquiler. Igualmente, estas mantendrán siempre su calificación de Vivienda de Protección Oficial, de manera que nunca se podrán vender por encima del precio establecido.
Otros aspectos que contempla la ley son el impulso de nuevas fórmulas para poner a disposición de la ciudadanía viviendas a precios asequibles, con la cesión de suelo a cooperativas de ciudadanos para la construcción de viviendas.
También incluye la denominada 'enmienda Nadal', correspondiente a la disposición final segunda bis y que permite la ampliación del centro de tecnificación del tenista Rafa Nadal en Manacor, lo que provocó el enfrentamiento entre los partidos que forman o dan apoyo al Govern. No obstante, fue finalmente aprobada con los 37 votos a favor de PSIB, PP, Cs y El PI.
