El blindaje urbanístico de zonas como Punta Pedrera y Roca Llisa por parte del anterior Govern del Pacte, mediante la ley 4/2008, provocó una cascada de sentencias que obligan a la Comunitat a pagar cerca de 100 millones de euros a los propietarios en concepto de indemnizaciones.
A la espera de que el Tribunal Supremo confirme o no esta condena, el conseller balear de Territorio, Marc Pons, admite que el Govern tendrá que asumir este coste. «Está claro que la apuesta por la preservación puede tener un coste económico», apunta el conseller, que sin cargar contra el anterior gobierno progresista señala que los blindajes de los terrenos «son decisiones que se tomaron en su momento porque había un clamor social». Para Pons, «si ha de haber algún tipo de coste final, será el Govern, que fue el que impulsó este tipo de legislación, el que se haría cargo de esa cantidad».
Según el conseller, cuando se toman decisiones de este tipo como las de proteger unos terrenos con unos derechos edificatorios adquiridos, «la sociedad debe ser madura para saber valorar el coste económico vinculado al valor ambiental en esos casos. Creo que son decisiones que parten de cierta madurez como sociedad».
Corregir «equivocaciones»
Pons entiende que esas «equivocaciones», que se pueden producir en un momento determinado en las clasificaciones de los terrenos, «se pueden corregir, pero tienen un coste económico».
En cuanto a si las cuantiosas indemnizaciones (65 más intereses para los propietarios de Punta Pedrera y más de 18 y sus intereses para los de Roca Llisa) pueden suponer un grave agujero en las arcas autonómicas, el conseller señala que deberá ser el departamento de recursos económicos el que lo valore, aunque pide prudencia hasta que no se pronuncie el Tribunal Supremo.
El coste de la protección de terrenos mediante la ley 4/2008 aprobada en la legislatura del segundo gobierno autónomo de izquierdas, con Francesc Antich en la presidencia, ronda los 900 millones de euros en Balears.
En Ibiza, la medida afecta a varias zonas como Roca Llisa, Punta Pedrera y Benirràs. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó varias sentencias en las que condenó a la Comunitat a pagar algo más de 18 millones de euros para compensar a propietarios de Roca Llisa. El mismo tribunal reconocía el pasado 20 de noviembre el derecho de las dos sociedades propietarios de Punta Pedrera, en Sant Josep, a percibir 65 millones más los intereses desde 2009. Todas las sentencias están recurridas en el Supremo.
A diferencia de los casos de Punta Pedrera y Roca Llisa, el Supremo rechazó el pago de una indemnización a los propietarios de Benirràs afectados por la misma ley porque, en el momento en que el TSJB dictó la primera sentencia, el PP había modificado la ley urbanística y habilitaba una vía para sortear el blindaje de todos estos terrenos. Ahora, el gobierno autónomo de la izquierda ha eliminado esta posibilidad, lo que propiciará una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial. El peritaje judicial valoraba estos terrenos en 70 millones de euros.
Planteamientos de izquierda
Sobre el pago de estas indemnizaciones, el director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, reflexionaba en este diario el pasado mes de diciembre sobre la idoneidad de estos blindajes. «Hay que plantearse si un gobierno de izquierdas puede asumir la inversión de tal cantidad de dinero en esto cuando es necesario para temas de sanidad, educación y servicios sociales. A lo mejor este planteamiento se debería haber hecho cuando se hizo la ley y no ahora cuando llegan las sentencias», reconocía.
«No quiere decir que no lo tengamos presente, pero hoy por hoy hay esto. Lo único que se puede hacer, si las sentencias devienen firmes, es pagar», asumía.
