La conselleria balear de Medio Ambiente sostiene que no tiene ninguna obligación legal de abonar al Consell de Ibiza los 22,4 millones de euros que le reclama por el coste del 30% de las infraestructuras previstas en el plan director de residuos que no sean subvencionadas por Europa, fundamentalmente las obras de impermeabilización del vertedero de Ca na Putxa y las plantas de transferencia, triaje y biometanización.
El director general de Residuos del Govern, Sebastià Sansó i Jaume, recuerda que el mismo plan director, que se aprobó en 2001, incorpora una disposición adicional, la novena, que especifica que, en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la norma (2001), el Govern balear y el entonces Consell de Ibiza y Formentera debían firmar un convenio de colaboración para acometer las actuaciones conjuntas previstas en el documento.
«No sólo no se firmó, sino que hasta el año 2006, coincidiendo con que Menorca renovaba su plan de residuos y hacía esta reclamación, el Consell de Ibiza se apuntó a esta reivindicación», explica Sansó i Jaume. «En su momento, en el periodo que era vinculante, y que hubiera sido automático, no se hizo ninguna reclamación. Ahora estamos en otra tesitura», agrega Sansó i Jaume.
El director general de Residuos asegura que en 2001 «la voluntad» era la de financiar el 30% de las infraestructuras presupuestadas en el plan director, pero estamos «en la tesitura de que no se ha ejecutado todo lo previsto». «El 30% era para el conjunto de las inversiones, no de una parte», dice.
Dicho esto y liberado del compromiso de financiar parte de las infraestructuras, según la interpretación que hace del plan de residuos, Sansó i Jaume expresa «la voluntad política» del Ejecutivo autónomo de «colaborar» en la financiación de la planta de triaje, ya que su puesta en marcha supondrá «un giro en la gestión de los residuos» y un incremento considerable en el porcentaje de reciclaje. «Queremos estar en esto y estaremos. Colaboraremos a partir del momento en que se ponga en marcha el nuevo paradigma [el cambio en la gestión], cuando estén las plantas», apunta. «En el momento en que se coloque la primera piedra [de la planta] podemos sentarnos para concertar unas ayudas», afirma.
Sobre la cuantía económica total que reivindica el Consell, el director general de Residuos señala que hay «un desacuerdo» de inicio porque, al margen de que entiende que el Govern balear no tiene ninguna obligación legal de asumir este pago, la institución insular reclama unos cuantiosos intereses lo cual, recalca, le parece «un poco absurdo». En este sentido, Sansó i Jaume explica que en el año 2011 el Govern y el Consell estuvieron «a punto» de firmar un convenio y que entonces se calculaba que el coste que debía sufragar la Comunitat Autònoma era de 14 millones de euros. «¿Cómo se pasa de reclamar 14 millones a 22? Porque se suman intereses y no nos parece coherente», indica.
«Agravio comparativo»
Sobre el hecho apuntado por el conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, de que el incumplimiento de financiación previsto en el plan de residuos supone «un agravio comparativo» con Mallorca, donde sí se ha pagado el 30% de las infraestructuras (40 millones de euros), Sansó i Jaume explica que, en este caso, el Govern y el Consell sí firmaron el convenio «en el periodo legal» previsto en el plan. Además, asegura que en Mallorca el tratamiento de una tonelada de residuos, sin contar el transporte, tiene un coste de unos 140 euros, mientras que en las Pitiüses y Menorca, de unos 40 euros.
