¿Qué es el proyecto de prospección Medsalt-2?

Se trata de un proyecto de adquisición sísmica que, a través de la técnica de cañones de aire comprimido pretende hacer una campaña de sondeos acústicos para estudiar la geología del fondo marino, los yacimientos que allí existen y todas las derivadas que se puedan dar. Lo que el promotor [Instituto Nazionale di Oceanografía e di Geofísica Sperimentales de Trieste (Inogs)] pretende es estudiar los yacimientos salinos del Messiniense, que es un periodo durante el que, hace entre 4 y 5 millones de años, el Mediterráneo se secó y se generaron yacimientos salinos. Pero el documento de base para la realización del proyecto, que está dentro de una acción que se llama COST, financiada por diferentes organismos, entre ellos la Comisión Europea, dice claramente en un montón de sitios que es un proyecto que tendrá repercusiones para diferentes sectores industriales. Y dicen muy claramente que los resultados del estudio «impulsarán la exploración y explotación de hidrocarburos en esta parte del Mediterráneo».

¿Pero qué tiene que ver la sal con los hidrocarburos?

No se puede negar, y así está reflejado en ese memorándum que comento, que estos yacimientos salinos están relacionados con bolsas de hidrocarburos que quedan, digamos, encerradas dentro de estas formaciones salinas. No decimos que con este proyecto se vaya a sacar petróleo sino que el sondeo se hace con una tecnología muy impactante. Además, consideramos que esto es la antesala de la presentación de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en ese área por parte de las empresas petrolíferas.

¿Está diciendo que esta iniciativa COST que engloba este proyecto está financiada por la Comisión Europea?

Sí, viene reflejado en ese documento base. COST es una organización internacional sin ánimo de lucro que ha conseguido el apoyo financiero de la Comisión Europea, que está en el programa marco para el horizonte 2020. Este documento lo tenemos en nuestra página web y lo conseguimos de una forma muy dificultosa. Fue Greenpeace Italia, nosotros no lo encontrábamos y es, evidentemente, un documento crucial. El propio promotor del proyecto ha reconocido que lo había escrito, así que es el documento del promotor.

Pero este proyecto ya se intentó tramitar en 2016 y no salió adelante.

Sí y justamente el Ministerio de Medio Ambiente no autorizó el informe de impacto ambiental simplificado, precisamente por los impactos ambientales adversos que produciría la técnica de cañones de aire comprimido. Además, como estamos personados en el expediente, en su momento, conseguimos un documento que emitió el Instituto español de Oceanografía al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el organismo sustantivo de este proyecto, en el que se dice: «Se recomienda que se realice un especial seguimiento de esta actividad dada su relación directa con aspectos estratégicos como la exploración de hidrocarburos».

¿Qué implica el uso de cañones comprimidos para estos estudios?

Los científicos del Medsalt dicen que ellos van a estudiar formaciones superficiales, pero realmente con ese tecnología se llega hasta 7.000 metros de profundidad en el subsuelo marino y es allí donde a las compañías petroleras les interesa llegar. Luego, está claro que esto está hecho no solo para estudiar el Messiniense y sus procesos geológicos, cosa que no dudamos, pero es evidente que no es solo eso. No es un proyecto inocente sino que puede servir, y ellos mismos lo reconocen, para que vengan las compañías petrolíferas y con esos datos plantear proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

¿Los promotores se esconden tras el argumento científico para buscar petróleo?

Lo que ellos están ahora manifestando públicamente, al ver que hay una gran oposición social e institucional, es que son científicos y que no tienen ningún interés en la extracción de petróleo. Nunca hemos dicho que Inogs sea una compañía petrolera, pero está claro que no es únicamente un interés puro científico, porque en ese documento el propio director de proyecto ha reconocido su autoría y ese memorando está plagado de referencias al interés que tiene este proyecto para las industrias petroleras. En el preámbulo dice que es una oportunidad para la comunidad científica para compartir objetivos y herramientas con la industria puesto que hay un considerable interés en la exploración de petróleo y gas.

Se habla de que hay por lo menos siete compañías petrolíferas interesadas...

En ese documento, en la página 9, se habla de impactos esperados y dice: «el impacto socio económico es tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto, la acción impulsará la exploración industrial de hidrocarburos en el sensible ambiente marino del Mediterráneo». Y un poco más abajo dice: «siete empresas del petróleo y gas de las compañías de servicios petroleros activas en el Mediterráneo han expresado por escrito su interés en la acción COST». Blanco y en botella. Por eso desde la Aliança Mar Blava defendemos que es innegable ese interés.

¿Cuál es el impacto del uso de cañones de aire comprimido?

Esto es lo que realmente nos preocupa y hay mucha documentación científica al respecto. No solo afecta a la fauna marina, sino también al plancton y a los invertebrados. Además, la actividad pesquera se ve claramente perjudicada porque se reducen los stocks pesqueros. Luego afecta a los cetáceos y no solamente a los delfines, sino los buceadores profundos como los cachalotes. La zona propuesta es muy importante para estas especies y es imposible evitar impactos a estos animales, que nadan a más de 800 metros de profundidad. A esos metros es imposible que esos impactos acústicos no causen daños a cachalotes, calderones y demás. Ese fue el motivo por el que el Ministerio de Medio Ambiente no le dio en 2016 la autorización ambiental simplificada. Y es el motivo por el cual también se han rechazado proyectos que usaban la misma tecnología.

¿En qué se concretan las acciones que está desarrollando Mar Blava para evitar este proyecto?

Estamos trabajando de varias maneras. Primero, el anuncio publicado el 21 de abril en el BOE está lleno de defectos e incumplimientos de las normativas y ha generado mucha indefensión, no solo al público en general, sino también a las entidades interesadas como Aliança Mar Blava, cofradías de pescadores, ONG y administraciones, a las que no se ha dado trámite de audiencia hasta que lo hemos pedido. Aliança Mar Blava ha tenido que pedir la documentación al Ministerio porque no había posibilidad de estudiar ningún documento porque el Ministerio no lo adjuntó a su anuncio. Además, tampoco ha hecho la difusión máxima que le exige la legislación. Por eso hemos pedido que anulen ese anuncio, que lo suspendan y si acaso que lo vuelvan a publicar con las debidas condiciones, así ya generaría que tuviéramos más tiempo para alegar e informar a la ciudadanía sobre este proyecto.

¿Cómo va la recogida de alegaciones?

Las presentaremos mañana, que es el último día. Entre las que se han recogido en las islas y en la Península superan sobradamente las 15.000 alegaciones, incluso más porque todavía no tenemos el cómputo definitivo. Pero además estamos hablando con todos los sectores posibles para que se pronuncien al respecto, para que se pueda evidenciar el negativo impacto medioambiental y socioeconómico que va a tener este proyecto. Hemos hecho ver al Ministerio de Medio Ambiente, a través de acuerdos de muchos ayuntamientos y consells, que el procedimiento está mal y genera una situación de indefensión.

Desde 2012 no paran de aparecer constantes intentos para realizar sondeos, ¿para cuándo la solución definitiva?

Lo que no podemos es estar con el susto continuo. Lo que hemos logrado entre todos, es un trabajo de toda la sociedad e instituciones, es archivar tres proyectos, pero eso no quita que si no tenemos una ley que lo prohíba, esas empresas vuelvan a intentarlo. Lo que hicimos en 2016 fue preparar una proposición de Ley en el Parlament balear para que todos los grupos la hicieran suya, como así fue, y la aprobaron por unanimidad en abril de 2017. Esto se envió al Congreso de los Diputados para su aprobación, ya que era materia de su competencia. Pero en julio de 2017 el Gobierno español vetó la aprobación de la ley con un informe plagado de falsedades, ya que esta propuesta no implicaba ningún gasto presupuestario, luego no podía vetarse. Y lo hizo con un informe anónimo, pero el PP y Cs vetaron la tramitación. Ahora el Constitucional dice que el Congreso tiene derecho de levantar los vetos del Gobierno si no están fundamentados. Por eso hemos pedido a los grupos políticos del Congreso que pidan levantar el veto a esta proposición de Ley para que el Mediterráneo quede libre de prospecciones. Como mínimo ya hay una solicitud de Unidos-Podemos, luego la Mesa del Congreso tendrá que decidir en unas semanas si levanta el veto.