La burbuja inmobiliaria, el alquiler turístico, la falta de pisos y la especulación han disparado en Baleares, y especialmente en Ibiza, la emergencia habitacional y también han provocado un cambio en los usuarios que buscan ayuda en el Instituto Balear de la Vivienda. «Antes de la crisis la gente iba a una oficina del Ibavi a comprar un piso a buen precio, entonces el Instituto era el promotor; ahora lo que buscan es una vivienda de alquiler para poder vivir que se adapte a sus ingresos», reflexionó ayer el conseller balear de Territorio, Movilidad y Energía, Marc Pons.
Pons participó en el debate organizado por el Consell que ponía punto final a la tercera edición de la Jornadas sobre el Derecho a la Vivienda. Junto a el conseller, el diputado de Podemos Aitor Morrás y los concejales de Urbanismo de Ibiza y Santa Eulària, Elena López y Mariano Juan, respectivamente, resumieron a grandes rasgos la futura Ley de la Vivienda de Balears, que se aprobará el martes en el Parlament, plantearon distintas acciones y analizaron con una treintena de personas presentes en el debate los problemas a los que se enfrenta la Administración a la hora de acometer políticas en esta materia.Cambios de criterios
Cambios de criterios
El conseller señaló que este texto obliga a cambia el criterio en la política habitacional. Ahora se apostará por las viviendas en alquiler y además se establecerán medidas, en algunos casos, como las de cobrar por la vivienda sólo el 30% de los ingresos de la familia. El documento también otorga una serie de derechos al usuario del Ibavi, como por ejemplo, que si la Administración no puede facilitarle una vivienda en un periodo de cuatro años, el Govern se verá obligado a pagar la mitad del alquiler a dichas familias.
Entre otras medidas novedosas, Pons subrayó la de la obligación de los grandes tenedores de viviendas (personas físicas o sociedades que tienen 10 o más en propiedad o alquiler ), que las tengan desocupadas, de cederlas al Govern «para facilitar la vivienda a los que lo necesiten». «Es un modelo pionero en muchos aspectos y de gran fortaleza jurídica, que ya se ha establecido en Navarra». En este sentido, el conseller lamentó la carencia histórica de España, «y más en Balears» en VPO y abogó por un gran pacto entre administraciones, «con continuidad y sin color político». «Solo desde lo público se puede garantizar este derecho; si no es así, parte de la sociedad se quedará fuera y seguirá creciendo la desigualdad», apuntó.
Pons enumeró las acciones de su conselleria en esta materia y el crecimiento en inversión y número de viviendas de protección oficial e insistió en una idea: «La Administración debe corregir lo que el mercado no resuelve».Un derecho reconocido
Un derecho reconocido
El diputado ibicenco de Podemos Aitor Morrás, que ha trabajado en los últimos años en las enmiendas de esta ley, se explayó sobre las causas que han llevado a las Islas a «vivir esta situación de emergencia habitacional sin precedentes». Morrás consideró que con esta ley «histórica» se consigue que un derecho «fundamental cobre vida y empiece a andar y logre que el artículo 22 de la Constitución española no sea papel mojado».
El diputado podemista hizo hincapié en el derecho de las personas a tener una «vivienda digna». «No se trata solo de facilitar el acceso, sino de lograr que ese lugar donde van a vivir sea digno y adecuado». Por este motivo recordó algunas de las enmiendas en las que han trabajado, como las del acompañamiento. Con esta ley se crea un servicio de acompañamiento integrado en el Instituto Balear de la Vivienda, cuyo cometido es guiar a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda y asistirlos con la información que requieran en procesos de compra, alquiler o financiación de la vivienda para la defensa correcta de sus derechos.
Por su parte, la concejala de Vila Elena López señaló los problemas que ha tenido el Ayuntamiento, «que ha debido empezar prácticamente de cero», en esta materia y que ahora ya ha empezado a plasmar proyectos. Destacó que con el nuevo plan general urbanístico, pendiente de aprobación final del Consell,«se obliga a los promotores» a que el 30% de suelo sea para VPO y de ahí la mitad para vivienda en alquiler. Y defendió que para atajar «este problema real todas las administraciones deben ir de la mano».
Más cintura burocrática
Más cintura burocrática
Finalmente, el edil de Santa Eulària Mariano Juan Colomar entonó el mea culpa porque las administraciones no han tenido «capacidad» para detectar este problema y tampoco pueden reaccionar «con rapidez». Sobre esta limitación administrativa centró su intervención y apostó por diversos cambios burocráticos «que permitan agilizar los trámites cuando se trate de VPO». Juan dijo que su Ayuntamiento elevará al Consell de Alcaldes distintas propuestas en este sentido, como la de aplicar la figura del interés general, que permitiría «avanzar» en la tramitación. También insistió en lo «complicado» y farragoso que resulta con las actuales leyes «conseguir suelo para VPO».
