Por aguas de Balears están navegando alrededor de 1.700 barcos de alquiler para turistas que actúan ilegalmente, al no contar con autorización para desarrollar esta actividad o no pagar todos los impuestos correspondientes, según se destaca desde la patronal de actividades marítimas de las islas (Apeam).

El presidente de la comisión de chárter de esta asociación empresarial, José María Jiménez pone de relieve el peso que esta actividad fraudulenta tiene para su sector: en Mallorca, la proporción de barcos legales en relación a los que denomina como piratas es aproximadamente de uno a uno, mientras que en Ibiza operan tres ilegales por cada uno legal. Por contra, en Menorca apenas se detecta la actividad del chárter irregular.

Jiménez, señala que esta competencia desleal explica en parte la caída del 10% al 15% que las empresas isleñas dedicadas a este mercado están sufriendo en su facturación, pero reconoce que no es la única causa, y añade una normativa sobre fondeos que genera una gran inseguridad jurídica o unos precios de los amarres que se han incrementado de forma desproporcionada.

Por lo que respecta a la flota de embarcaciones ilegales, se subraya el fuerte crecimiento que ha tenido desde 2015, precisamente en paralelo a unas temporadas turísticas en las que las cifras de visitantes son de récord. Apeam cifraba esa flota irregular hace tres años en torno a las mil embarcaciones, para estimar que ese número se ha elevado ya hasta las 1.700, aproximadamente.

En cualquier caso, Jiménez afirma que esta entrada de embarcaciones irregulares, mayoritariamente procedentes de otros países, tiende a estabilizarse, de forma que su crecimiento en relación al pasado año ha sido menos significativo que en los ejercicios anteriores.

Jiménez denuncia que para los empresarios que actúan legalmente el problema radica en que resulta muy difícil competir en precio con embarcaciones que actúan de forma irregular y que no abonan un IVA del 21%

El portavoz empresarial señala que para frenar este problema se ha solicitado la ayuda de la Agencia Tributaria, y afirma que se ha llegado a entregar a este organismo documentación en la que consta que algunas de las citadas embarcaciones piratas no han aplicado a sus clientes el citado impuesto sobre el valor añadido. Pero lamenta que el resultado ha sido una campaña de controles en materia de impuestos que ha recaído principalmente sobre las empresas legales y no sobre las que se pretendía denunciar, generando el correspondiente malestar en el sector.