El Consell reclama 22,4 millones al Govern por las obras del vertedero

Este incumplimiento supone «un incremento de los costes» que soportan los ciudadanos a través de las tasas de basura. Según el cálculo que el Consell hizo en 2007, cuando la concesionaria de Ca na Putxa (la UTE Giref) empezó a cobrar a los ciudadanos las tarifas correspondientes al canon de retorno de las inversiones ejecutadas, con un interés del 5,6%, el hecho de que no se hubiera ingresado ni un euro del Govern suponía un incremento del 42,7% en el coste de amortización de las inversiones.

Se da la circunstancia, según el conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, que Mallorca ha recibido cerca de 40 millones de euros del Govern por este mismo concepto, lo que genera «una falta de equilibrio territorial».

Desde octubre de 2005, cuando el Consell remitió el primer escrito al presidente de la Comunitat Autònoma, que era Jaume Matas, para informar de las inversiones efectuadas hasta ese momento en Ca na Putxa y las pendientes previstas en el plan director de residuos, y la cantidad que debería, por tanto, abonar el Govern balear, se han reiterado las solicitudes de la máxima institución insular (siete se contabilizan hasta febrero de 2011) sin lograr ningún resultado.

Protocolo de intenciones

En octubre de 2006, cuando se había ejecutado un tercio de las instalaciones previstas en Ca na Putxa (la impermeabilización de las celdas, entre otras), el Consell fijaba en 3,2 millones la cantidad que debía abonar la Comunitat Autónoma. Pese a que en ese momento el Govern no respondió a dicha solicitud, sí mostró su voluntad de asumir la deuda con un protocolo de intenciones entre las dos instituciones para financiar estas inversiones, que se firmó en mayo de 2007. En este documento ya se reconocía que la cantidad total que debía pagar el Govern ascendía a 15,8 millones de euros.

En julio de 2007 se reiteró la reclamación, también un año después. Entonces, el Govern propuso pagar la deuda en 25 anualidades, incluidos los costes financieros de la operación. Pero tampoco se cerró un acuerdo. En junio de 2010 se insistió en la reclamación, en la que se recordaba al Govern que sí había pagado las inversiones acometidas en Mallorca. Las conversaciones políticas siguieron adelante hasta mayo de 2011, aunque sin acuerdo. En enero de 2013, la deuda ya se situaba en 18,2 millones de euros.

Al inicio de esta legislatura, el conseller insular de Medio Ambiente trató de reactivar esta cuestión, pero la dirección general de Residuos le respondió inicialmente que este asunto ya estaba descartado por falta de acuerdo. De todos modos, el Govern se mostró dispuesto, indica Vericad, a «reabrir el debate» sobre esta deuda, pero la cifra que ofreció el Govern, en las conversaciones posteriores, era «sustancialmente menor» a la que reclamaba el Consell. Además, el Consell puso sobre la mesa el sobrecoste de la expropiación de los terrenos por diversas sentencias, que estimaron en parte los recursos de los propietarios.

De hecho, Vericad advierte de que la cifra final aún puede variar como consecuencia del coste de la recuperación de la planta de biometanización, pendiente de construcción, y la posible reforma del resto de instalaciones para acoger esta nueva tecnología para tratar la fracción orgánica de los residuos.

«Partida simbólica»

En el presupuesto de la Comunitat Autònoma de 2016 se incorporó «una partida simbólica» para saldar la deuda, pero que, según Vericad, no se ejecutó. En las cuentas de 2017 y 2018 ya no apareció.

En los últimos dos años ha habido contactos entre los presidentes de las dos instituciones para tratar de cerrar un acuerdo, con resultados «decepcionantes», en palabras de Vericad, que destaca que se trata de «una cuestión institucional» y que se aplicarán «todos los resortes posibles de presión política e institucional» para que en el presupuesto del Govern del año que viene, el último de la legislatura, se prevea el pago pendiente de lo que prevé el plan director de residuos, aunque sea en diversas anualidades.