El tripartito que gobierna en Sant Antoni (PSOE, Reinicia y PI) da marcha atrás y ordena ahora la paralización de la actividad del quiosco de Cala Gració, con permiso para instalar 11 mesas y 38 sillas. La junta de gobierno concedió la licencia de obra el pasado 25 de abril, «en base a las autorizaciones de la Demarcación de Costas y el Govern balear con las que se contaba en ese momento», según una nota del Ayuntamiento.

Tras el revuelo que ha causado la publicación del montaje y la apertura de este chiringuito en primera línea de mar, el equipo de gobierno decidió revisar el expediente y, al detectar «irregularidades», según apunta el escueto comunicado, ha decidido ordenar su paralización a la espera de que se lleven a cabo «nuevas actuaciones».

La segunda teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Cristina Ribas, apunta que las irregularidades halladas son «algún fallo de tramitación», pero elude concretar más. «Es lo que de momento podemos decir. Hay que estudiarlo», indica.

Ribas insiste en que la junta de gobierno dio el visto bueno a la instalación y apertura del quiosco tras verificar que todos los informes técnicos eran «correctos», pero que ante «la alarma social» generada se optó por revisar el expediente. «Ya hemos hallado algún fallo. Hay que seguir trabajando en la revisión, que no se hace en un solo día. Mientras se lleva a cabo este trabajo, se paralizará la actividad. Ya veremos cómo acaba», explica.

Respuesta al PP

Respuesta al PPLa concejala de Urbanismo también responde a la crítica lanzada por el PP sobre el hecho de que la licencia se aprobó en un punto de «urgencia» en la junta de gobierno. «Esto es muy habitual. La junta de gobierno se reúne dos veces al mes y, como se convoca con 48 horas de antelación, durante este plazo se culminan algunos expedientes que deberían esperar a la siguiente reunión de la junta de gobierno para su aprobación. Para no demorar las cosas innecesariamente, se introducen puntos de urgencia», explica la edil.

Ribas asegura que los tres partidos que gobiernan han coincidido en la necesidad de revisar este expediente. «Ningún miembro del equipo de gobierno tiene interés en que allí haya un chiringuito. Si se aprobó es porque, con todos los informes favorables, no había otra opción. De lo contrario, [el promotor] podría acusarnos de prevaricación», resalta.

El grupo del PP advierte de que, en el caso de que el equipo de gobierno resuelva retirar la licencia de obra y actividad del quiosco, el propietario podrá reclamar una indemnización que, «por la incompetencia de un equipo de gobierno que cada día se ve envuelto en escándalos, acabarán pagando todos los vecinos». «Está claro que veían con buenos ojos este quiosco sobre las rocas de Cala Gració, pero vista la repercusión social que está teniendo se han echado atrás», concluye la oposición.

Así, el PP cuestiona «por qué no se habían detectado antes estas irregularidades» e, insiste, «por qué tanta prisa en aprobarlo en un punto de urgencia». «No hay duda de que si ahora lo pueden paralizar, también lo podrían haber hecho antes de dar la licencia y evitar tirar balones fuera culpando a Costas, como han hecho hasta ahora».