La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Cristina Ribas, admitió ayer que el Ayuntamiento se encuentra «atado de pies y manos» a la hora de continuar con sus intenciones de precintar el chalé patera de la calle General Gotarredona, a raíz de la suspensión cautelar dictaminada por un juez tras un recurso presentado por el propietario, Agustín Sales. Por su parte, Sales acusa al Consistorio de vulnerar «derechos constitucionales» después de ordenar el corte de suministro eléctrico a la casa, que dejó durante más de una semana sin luz corriente a las «70 personas y un bebé» que, según él, residen actualmente en la casa.

Ribas señaló que, además del precinto, la suspensión cautelar también impide que, de momento, el Ayuntamiento pueda imponer las multas coercitivas por las obras de ampliación ilegales del chalé, además de su actividad de alquiler de habitaciones, con las que pretendía que el propietario accediera al precinto y desalojo de la casa. «El Ayuntamiento seguirá con estas tramitaciones cuando se resuelva el recurso y se levante la suspensión, pero, la verdad, se trata de un proceso que va para largo», señaló la concejala.

Ribas también explicó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento aconsejaron que no se llevara a cabo el corte de suministro, dado el elevado número de personas que habitan en la casa, pero al comunicar el cambio de planes a Endesa, «ya habían procedido a ejecutar la orden» previa.

Por su parte, Sales rehúsa hacer declaraciones, pero mantiene que su negocio es legal y ha remitido a este periódico el documento que certifica que su nieto, de un año, reside en este domicilio.