Todos los diputados del Parlament balear respaldan volver a tramitar ante el Congreso una proposición de ley para que se prohíban las prospecciones petrolíferas y de gas en el Mediterráneo español.

Los grupos políticos de la Cámara regional registraron ayer una proposición de ley idéntica a la aprobada hace un año para prohibir «actividades de investigación, exploración y explotación» de hidrocarburos en el subsuelo marino, propuesta que rechazó la Cámara Baja por el veto del Gobierno, recordó la diputada por Formentera, Sílvia Tur.

El veto del Gobierno

La portavoz del PP, Marga Prohens, indicó ayer que entonces el Gobierno usó su derecho de veto argumentando que estaban vigentes unos presupuestos prorrogados, pero la próxima aprobación de las cuentas estatales podría facilitar la tramitación.

La diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, señaló que aunque hace un año su partido ratificó el veto en la Mesa del Congreso, en esta ocasión espera que el Gobierno no ejerza su prerrogativa.

Los grupos políticos han intentado ofrecer una imagen de consenso con la presentación de esta iniciativa contra las prospecciones, aunque en las últimas semanas han mostrado diferencias por la reactivación del proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2, que vuelve a tramitar el Gobierno, una iniciativa que el PP defendió al principio por su carácter «científico», aunque ayer Prohens no quiso abundar en las discrepancias «por respeto» a la unidad.

Por su parte, Sílvia Tur puso de manifiesto que si ya estuviera aprobada la ley que respalda el PP balear, «el Medsalt no sería una amenaza», porque el proyecto que impulsará el Parlament prohíbe investigaciones científicas lesivas para el medio ambiente.

La diputada formenterense, que ejerció de portavoz de todos los diputados, señaló que además de la previsible aprobación de los presupuestos, otra circunstancia que ha cambiado y podría favorecer la tramitación de la ley en el Congreso es la sentencia del Tribunal Constitucional que determina que la Mesa de la Cámara Baja puede desestimar las peticiones de veto del Gobierno.